Pablo Ruiz, SOAWatch*
Desde el sur de América Latina, y pasado por el río Bravo, hay luchadoras y luchadores sociales que son perseguidos por resistir y oponerse al capitalismo salvaje, las privatizaciones, como a los megaproyectos que destruyen nuestra madre tierra, el Abya Yala, donde nos roban el agua, los bosques, los recursos naturales: la vida.
En Guatemala, hace años, por ejemplo, la situación para las y los defensores de derechos humanos es muy difícil por la persecución, criminalización, represión, encarcelamientos y hasta de asesinatos como hemos conocido por Festivales Solidarios.
Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya Q’eqchi’ y defensor de derechos humanos guatemalteco, es uno de los presos políticos que hay en Guatemala. Está encarcelado, desde enero del 2018, en el Centro de Detención Preventiva de Cobán, Alta Verapaz.
Bernardo Caal Xol, fue acusado de “detenciones ilícitas y robo agravado” y sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión; pero su verdadero delito, lo sabemos, ha sido defender el Río Cahabón que quiere ser destruido por la Hidroeléctrica Oxec S.A.
En otras palabras, Bernardo, ha sido víctima de un “montaje”, como decimos en Chile, y un “montaje” es cuando “se fabrica” una acusación judicial, en base a mentiras, para castigar a quienes luchan.
La historia de persecución comienza más atrás. Isabel Matzir, esposa de Bernardo, recuerda que “se opusieron – a la hidroeléctrica – porque la empresa ingresó con engaños. La empresa nunca, nunca informó, en primer lugar, que eran hidroeléctricas y tampoco informó que iban a desviar el río o que iban a canalizar el río. Entonces, entraron con engaños y el pueblo, las comunidades del pueblo de Cahabón, tuvieron que investigar qué sucedía. Y cuando se enteraron que era una hidroeléctrica, entonces empezó la represión de parte de la hidroeléctrica”.
En ese proceso de saber y tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, las comunidades se dan también cuenta que no han sido consultadas cómo mandata el Convenio 169. Entonces, se organizan para defender el derecho a ser consultados y defender su río. También piden a Bernardo Caal que represente a las comunidades; se presentan recursos judiciales para detener la hidroeléctrica y logran paralizar los trabajos.
“Posiblemente, si él no hubiera firmado esos tres amparos, seguramente hubieran sido a otros a los que hubieran perseguido; pero en este caso, Bernardo fue el delegado y el representante de las comunidades y por eso es que lo persiguieron”, recuerda Isabel.
Julio González, del Colectivo Madreselva, nos señala que “a partir de la suspensión de la construcción ordenada por la Corte de Constitucionalidad, Bernardo empieza a ser objeto de persecución política. Empiezan a hacer llamadas telefónicas amenazantes; hay un equipo de periodistas, pagados por la empresa, que andan siguiéndolo; llegan a su casa, le toman fotos a sus hijos, a sus hijas y a su esposa; toman fotos de la casa, y eso lo presentan como argumento de que él no tenía, pues, el derecho de representar al pueblo Q’eqchi’, porque vivía en otro departamento que no era Verapaz. Eso es absurdo, él nació allá, entonces ahí tiene sus documentos de identificación en ese lugar”.
¿Desarrollo para quién?
“Fuimos acusados de obstaculizar el desarrollo, de que éramos contrarios al desarrollo de las comunidades indígenas; que estábamos en contra de la libre industria; inclusive, llegaron a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que fundamentará o argumentará, para constituir un nuevo delito, que era “obstaculización a la libre industria”, una cuestión surrealista”, recuerda Julio González.
Isabel Matzir, esposa de Bernardo, nos dice que “si vemos en estadísticas, Verapaz es el departamento donde más hidroeléctricas han operado durante los últimos veinte años. Más hidroeléctricas ha habido; pero cuando vemos, por ejemplo, los estudios, los estudios serios que se han hecho, allí se muestra que Verapaz es el departamento más pobre de toda Guatemala. Entonces, es un departamento donde no llega la educación, donde no llega el empleo, no llegan carreteras, no llega salud, no llega nada. Lo único que se tiene son los ríos, las montañas para sobrevivir”.
En esta lucha contra la hidroeléctrica también, las comunidades presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía del Medio Ambiente, por la destrucción de 15 hectáreas de bosque originario y tres cerros sagrados. “En la cosmovisión del pueblo Q’eqchi’, los cerros tienen una relación sobrenatural, tiene que ver con la naturaleza y la cosmovisión del pueblo Q’eqchi’ y estos, con el proyecto, destruyeron tres cerros que tenían esa categoría. La gente estaba muy, muy molesta”, recordó Isabel Matzir.
El caso de Bernardo Caal Xol, es un claro ejemplo de la criminalización que se hace a quienes protagonizan la lucha contra los proyectos hidroeléctricos. También es un ejemplo más de que muchos Estados no protegen nuestros recursos naturales, ni a sus comunidades, ni tampoco obligan, como debiera ser, a la realización de consulta a las comunidades tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Clientes no gratos
El Colectivo Madreselva de Guatemala es una de las organizaciones que apoyan la lucha de las comunidades, la resistencia contra las hidroeléctricas, y trabajan por la libertad del líder indigena Bernardo Cool. El Colectivo Madreselva también ha sufrido persecución y sanciones, nos señalan.
“Cuando Bernardo fue detenido, también el colectivo tuvo una campaña mediática de criminalización en los medios de comunicación por los grandes empresarios y las cámaras empresariales. También al colectivo, hace unos 3 años, de un momento a otro, nuestras cuentas bancarias fueron canceladas. Al momento de ir al banco, simplemente, dijeron: “ustedes son clientes no gratos, por nuestra junta directiva”. Se trataba del Banco Industrial S.A. de Guatemala, que es también financista de esta hidroeléctrica. También la criminalización era para quitarle al colectivo “Madreselva” las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el 2005. También fue un intento, pero afortunadamente no se logró quitar”, nos contaron.
En defensa de la vida
Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya Q’eqchi’, es también profesor, esposo, y padre de dos hijas. Para poder ir a visitarlo a la cárcel, su familia debe viajar unas ocho a nueve horas para llegar hasta el centro de reclusión donde se encuentra. Todo esto, significa un desgaste económico inmenso para su familia.
La persecución y encarcelamiento de Bernardo, nos cuenta su compañera Isabel Matzir, “nos ha afectado terriblemente en todos los ámbitos: sociales, económicos, de salud, la situación de que se paraliza todos los proyectos personales, todos los proyectos familiares, estudios, todo. Todo se queda prácticamente suspendido”.
¿Por qué esta lucha?, le preguntamos al terminar. “Realmente, es en defensa de la vida, en defensa del agua, de los ríos; de una lucha enorme para obtener justicia para los ríos, justicia para Bernardo; y es una denuncia, la que siempre se ha hecho a nivel internacional, que el Estado de Guatemala está privilegiando a las empresas que llegan ilegalmente” por sobre su pueblo.
* Pablo Ruiz, es parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, SOA Watch, de la Alianza Convida-20 y de Somos Abya Yala
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