#ColombiaEnParo La implementación de la Reforma Rural Integral: estancada en el mecanismo Fast Track

De nuevo esta #ColombiaEnParo impulsado por las comunidades Campesinas y los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Una de las consignas es la Implementación de Acuerdo de la Habana y de la Reforma Rural Integral ante los incumplimientos del gobierno nacional. Presentamos análisis al respecto.
Por: Colectivo Agrario Abya Yala
Luego de instalada la Legislatura actual -el pasado 20 de julio de 2017- y del “segundo tiempo” del mecanismo conocido como Fast Track (Vía rápida) para la implementación de los acuerdos de la Habana(1), el Congreso de la República de Colombia no ha logrado aprobar ninguna Ley relacionada con el punto uno de Reforma Rural Integral-RRI.
En la actualidad se encuentran radicados ante el Congreso cuatro Proyectos de Ley que desarrollan lo acordado en el punto uno(2), ninguno de los cuales ha sido aprobado hasta el momento. Dos de ellos fueron radicados antes de terminarse la Legislatura del primer semestre del año 2017, pero no pudieron ser aprobados por la prioridad otorgada a otros proyectos. Vale anotar que estos dos proyectos fueron presentados de manera unilateral por parte del Gobierno Colombiano sin haberse acordado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz-CSIVI.
Se trata primero del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”(3), el cual ha sido aprobado tanto en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y como en del Senado y está pendiente de aprobación en plenarias. El segundo es el Proyecto de Ley “Por la cual se regula el servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones”(4), este también ha sido aprobado en Comisiones de ambas Cámaras, pero se encuentra estancado para su aprobación en plenarias, pues ni siquiera tiene ponente para segundo debate en el Senado.
Asimismo, en la segunda Legislatura de este año fueron radicados los Proyectos de Ley “Por el cual se habilita la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras – productoras y de reserva forestal de la Ley 2da de 1959 sin sustracción y se dictan otras disposiciones”(5) y “Por el cual se regula el sistema nacional catastral multipropósito”(6), los cuales hasta el momento aún no han tenido su primer debate, y al paso que van en el Congreso, difícilmente van a ser aprobados antes de noviembre cuando se agote la “vía rápida”.
Por otro lado, están los proyectos que ha preparado el Gobierno Nacional, pero que se encuentran en estructuración y aún no han sido discutidos y aprobados en la CSIVI, tales como la Reforma a la ley 1448/11 de restitución de tierras y la Ley Estatutaria que Crea la Jurisdicción Agraria.
Además, aún quedan numerosos puntos del Acuerdo sobre los que hasta ahora no se conocen las propuestas del Gobierno Nacional y aún no se tiene claro cuál va a ser la vía para su aprobación, lo cual es problemático ya que sin estos el marco normativo de la RRI quedará incompleto.
En primer lugar, se encuentran las medidas relacionadas con el punto 1.1.10 sobre promoción del uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio; así como los mecanismos de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los cuales buscan generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental.
En segundo lugar, no hay avances en la formulación de un número significativo de Planes Nacionales de Reforma Rural Integral, en aspectos centrales como: Infraestructura vial (numeral 1.3.1.1 del Acuerdo), Salud (numeral 1.3.2.1. del Acuerdo), estímulos a la economía solidaria y cooperativa (numeral 1.3.1.1. del Acuerdo), subsidios, generación de ingresos y crédito (numeral 1.3.3.3. del Acuerdo), mercadeo (numeral 1.3.3.4. del Acuerdo), formalización laboral rural y protección social (numeral 1.3.3.5. del Acuerdo), asociatividad (numeral 1.3.3.6. del Acuerdo), y el Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación (numeral 1.3.4. del Acuerdo).
Lo anterior es preocupante teniendo en consideración que todos los componentes que contempla el acuerdo sobre la RRI son interdependientes y complementarios. De manera que si estos componentes no se encuentran plenamente desarrollados normativamente, en la práctica el impacto de la RRI va a ser muy precario y la actuación de las instituciones encargadas insuficiente. Sin Planes Nacionales, la estrategia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial queda coja, por ejemplo.
De este modo, la segunda legislatura del Congreso cobijada por el “Fast Track” evidencia la carencia continuada de una estrategia del Gobierno Nacional para dar impulso a proyectos que le den vida al Acuerdo. Igualmente, es posible concluir la falta de compromiso del Gobierno con los principios que inspiran el punto 1 y la apuesta por una transformación estructural del campo, advirtiendo que no se han creado espacios adecuados de participación popular que brinden legitimidad y solidez al proceso de implementación. Los borradores de proyecto preparados por el ejecutivo siguen apuntando al fortalecimiento del modelo de desarrollo rural empresarial, en desmedro de los derechos del campesinado y las comunidades étnicas.
Por último, frente a los Decretos expedidos vía facultades extraordinarias presidenciales, se encuentran dos problemas de constitucionalidad: (i) por no haber surtido el trámite de la Consulta Previa para la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos en los asuntos de su interés (por ejemplo, la puesta en marcha del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS dispuesta en el Decreto Ley 896 de 2017(7); y (ii) por desconocer, en algunos casos, los criterios de conexidad objetiva, estricta y suficiente con el Acuerdo Final, establecidos en la Sentencia de la Corte Constitucional C-699/16(8). A futuro, las eventuales declaratorias de inconstitucionalidad sobre estos decretos retrasarán de manera desmedida el avance de la implementación real, la implementación en los territorios.
En síntesis, con el ocaso de la segunda legislatura a la vuelta de la esquina, varios de los proyectos vitales para la RRI quedarán sin ser aprobados, sobre todo si tenemos en cuenta el ambiente pre-electoral de 2018 que indudablemente reducirá las posibilidades de formar coaliciones para garantizar el quorum y los votos a favor necesarios para la aprobación de los proyectos. Sumado a esto, el reciente fallo de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-332 de 2017(9) declaró inexequibles los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016(10), es decir, eliminó la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para hacer modificaciones a los Proyectos de Ley o Actos Legislativos (todas estas debían contar con su aval para garantizar que guardarán coherencia con lo acordado en la mesa de conversaciones de La Habana), y prohibió su votación en bloque (el literal declarado inconstitucional disponía que en Comisión y Plenarias las modificaciones debían ser negadas o aprobadas en una sola votación), lo cual ha hecho mucho más compleja la implementación normativa del Acuerdo de Paz.
Este escenario de desconocimiento de la Reforma Rural Integral y de los derechos para las comunidades campesinas y pueblos étnicos que trae el acuerdo de La Habana se suman al terrible proyecto de ley “por el cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, radicado para Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, Negros y Rom, y que se constituye como una iniciativa que abiertamente consolida la apuesta histórica de contra reforma agraria de las élites rurales en Colombia. Este proyecto de modificación a la Ley 160 de 1994 nos resulta nocivo, al menos, por las siguientes razones: (i) limita el acceso a las comunidades sin tierra de los llamados baldíos de la Nación bajo el argumento de uso de la tierra para megaproyectos de “utilidad pública”; (ii) busca restringir los derechos de los pueblos étnicos a la propiedad colectiva, esto es, las pretensiones de constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos de Comunidades Negras; y (iii) ratifica la mirada gubernamental de tierras para las multinacionales, la explotación minero energética y los proyectos agroindustriales que distan mucho de acatar los principios enunciados en el punto 1 del Acuerdo, donde se acordaron medidas para el fortalecimiento de las economías campesinas, la salvaguarda de derechos adquiridos por los Pueblos Étnicos y el fortalecimiento de la gestión colectiva de los territorios por las comunidades como garantía de Paz Territorial.
 
CITAS:
  1. Implementado mediante Acto Legislativo que puede consultarse en http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf. Para un análisis del Fast Track consultar https://www.eltransitoalapaz.com/blog/page/1
  2. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Paginas/Todo-lo-que-necesita-saber-sobre-el-proceso-de-paz.aspx
  3. http://www.camara.gov.co/innovacion-agropecuaria
  4. http://www.camara.gov.co/adecuacion-de-tierras
  5. http://www.camara.gov.co/adjudicacion-de-uso-de-baldios-en-reservas-forestales
  6. http://www.camara.gov.co/sistema-nacional-catastral-multiproposito
  7. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
  8. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c%2D699%2D16.htm
  9. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-332-17.htm
  10. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf
En Contexto: Pliego de exigencias de las comunidades en Paro Indefinido Octubre de 2017 donde es central la implementación de la Reforma rural Integral: http://marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/173-mia-marcha-patriotica/4482-pliego-de-exigencias-de-las-comunidades-en-paro-indefinido

Colombia: Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ para implementación de los acuerdos de la Habana.

Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ

para implementación de los acuerdos de la Habana.

(Documento en permanente construcción y retroalimentación)

Porque la Naturaleza me ha educado, como educó las aves del bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se preparan sabiamente para construir sus casuchitas, sin maestro. Y me cantaban las aves. Y la misma naturaleza me acariciaba y me regaba con flores, hojas y gotas de rocío, cuando recibía el beso maternal de mi madre, que en paz descanse.” 
Manuel Quintín Lame Chantre


La Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) es una confluencia de Pureblos, Autoridades y organizaciones étnico territoriales del orden nacional, regional y local que articulan con el objetivo de generar propuestas para la construcción de paz en nuestros territorios que están pensadas para construir en conjunto con el campesinado, los movimientos sociales y el pueblo Colombiano.

 
Las organizaciones que hacen parte de CENPAZ, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrocolombianas (CONAFRO), Comunidades Construyendo Paz desde los Territorios (CONPAZ), la Asociación de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombvia (WOWNDECO)la Asociación Sindical del Magisterio Quibdoseño y Chocuano (MASEAQCH), la Federación de Pequeños y Medianos Mineros del Chocó (FEDEMICHOCÓ), así como los Capítulos Regionales de CENPAZ y sus organizaciones territoriales, construimos en conjunto con otras organizaciones afrocolombianas e indígenas que convergen en la Comisión Étnica de Paz para la Defensa de los Derechos Territoriales el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Hoy como CENPAZ hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos que creó el acuerdo para dar impulso y seguimiento al proceso de implementación de lo pactado asegurando el enfoque étnico territorial en permanente dialogo y generación de propuestas ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y ante las las instituciones estatales encargadas de dar cumplimiento a lo acordado. 

El presente documento recoge una serie de propuestas mínimas para la implementación de cada punto y subpunto de los acuerdos de la Habana elaborado entre marzo y abril de 2017 que se desarrollaron a partir de los principios de salvaguardar los derechos étnicos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades negras del país, que reconocemos han sido conquistados en la movilización social y no prevendas del Estado, y rescatando los escenarios que se ganaron con el enfoque étnico en los acuerdos de la Habana en especial lo consagrado en el numeral 6.2 (El Capítulo Étnico) del acuerdo final donde de reafirma la transversalidad activa en toda la implementación proyectada en los territorios de los pueblos étnicos del país. 

El documento recoge desde propuestas de articulación de la nueva institucionalidad que crea el acuerdo para la construcción de paz en un diálogo horizontal y permanente con las autorizadas de los pueblos étnicos y las comunidades en sus territorios hasta disputas conceptuales y epistemológicas con el acuerdo de Paz que evidencian la necesaria articulación de la diversidad Étnica y Cultural de los pueblos originarios, Rrom y negros del país y sus cosmogonías, usos y costumbres.

Finalmente diremos que el documento está escrito en función del documento pactado en la Habana y no en las interpretaciones normativas y políticas que en escenarios como el Congreso e la República, el diseño institucional que viene desarrollando el Gobierno Nacional o las intenciones de la Fiscalía General de la Nación que abiertamente quieren reinterpretar los elementos de cambios estructurales que pueden presentarse con la implementación de lo acordado y romper la histórica demagogia de las élites colombianas que mienten cada 4 años bajo el principio de que “todo cambie para que nada cambie”. En tal razón en este documento no desarrollamos nuestras propuestas y consideraciones en relación con el desarrollo legislativo del acuerdo en marco del FAST TRACK que se tratarán en otro texto y que incluyen las consideraciones en relación con los proyectos de ley que se han tramitado y tramitan en el Congreso de la República, sobre los Decretos Presidenciales sancionados y nuestras intervenciones ante la Corte Constitucional en la revisión consagrada en el acuerdo.

Bakata, Agosto de 2017

Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ

Descarga el documento completo acáhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzQ0YTI7sGkfWXZiMkxfRFdvX0U?usp=sharing

 

10.000 millones de años después del amanecer de la humanidad

 

COLOMBIA Colectiva Agraria Abya Yala

10.000 millones de años después del amanecer de la humanidad. Año 1439 en el calendario gregoriano, 4.553 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Icha Siguasinza, mujer muisca, se despierta 1 hora antes del crepúsculo a moler maíz para la comida del trabajo. El territorio es suyo, les ha costado muchas guerras. Los frutos de la tierra son de todos, todas, las semillas son infinitas como el conocimiento ancestral. Somos seres del maíz, dicen, y hay tantos maíces como seres en la tierra. El hambre es excepción de guerras y sequías.De las herencias[i]

Año 1.612 en el calendario gregoriano, 4726 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Herminia Cogua se levanta 2 horas por delante del crepúsculo. Muele el maíz para la comida de los terrajeros y amasa el trigo para el pan de los amos. Tiene el privilegio de vivir en la casa grande y servir a los señores Valencia. Las sabanas dejaron de ser de su pueblo, su territorio lo mutilaron, ahora le llaman resguardo y queda arriba, escalando montaña. Ha aprendido de Dios y la herejía de sus usanzas. Ella vive bien, su gente sufre hambre y trabajos que castigan el cuerpo y entristecen el alma.

Año 1.852 del calendario gregoriano, año 4.966 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Rosalba Mosquera se levanta con el crepúsculo. Reúne madera y prende la estufa. Pone a calentar agua para el primer tinto. Desagua la yuca para ponerla a cocer. Su esposo trabaja en el ingenio, sus hijos también desde los 12 años. Tiene miedo por ellos, desde la tarde de ayer el compadre Manuel está en el cepo, que por insurrecto, que por negro. Siente el frío colarse entre los huecos de la pared de barro de la cocina. Atrás tiene una pequeña huerta con un plátano, unas yucas y hierbas para la medicina y la sazón. Si tan sólo tuviera otro poco para sembrar como se debe. El hambre no existe, porque no se conoce nada distinto.

Año 1.933 del calendario gregoriano, 5.047 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Mariela Díaz Piracún se levanta una hora antes del crepúsculo a ordeñar. Tiene un hermano cultivo de papa y arveja. Este febrero cumplirán 2 años en la colonia y van a celebrar donde la comadre Magnolia. A buena hora llegó el doctor a decirnos que la tierra era de quien la trabaja, que no debíamos seguir trabajando en las haciendas por migajas, que podíamos limpiar monte y ser libres, vivir de nuestro trabajo. Pero le preocupa su esposo, los terratenientes dicen ser dueños de la tierra que pisan sus pies y como la justicia es para los de ruana, nunca se sabe. Ya son varios los encarcelados.

Año 1.954 gregoriano, 5.068 de la cuarta era de la gran cuenta larga. María Vásquez pasa la noche en vela y observa con nostalgia el crepúsculo. Está escondida con 20 familias más en la escuela veredal. Salieron del pueblo porque advirtieron que venían los pájaros a cometer las mismas atrocidades de la inspección vecina. Esperan la mañana para iniciar una nueva marcha con el estómago vacío. Atrás quedo su parcelita con el café sin cosechar ¿Qué pecado cometieron? ¿Por qué tanto odio? ¿Cuándo y dónde terminará esto? Siente orgullo por sus hijos, hablan y la gente los escucha, tan jóvenes se han hecho dirigentes. Pero la recorre un miedo cuando escucha hablar de las armas, de la necesidad de conseguirlas para defenderse.

Año 1973 del calendario gregoriano. 5.087 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Odilia Pascué se levanta con el crepúsculo encima. Sin bañarse se junta con sus comuneras para preparar las masas y la aguadepanela para la minga de siembra. Cómo ha cambiado la vida desde las tomas de tierra. Se ve comida, aun cuando les han tumbado mucha planta antes de la cosecha. El Gobierno les llama ilegales, les manda el Ejército, la Policía, pero la comunidad dice estar haciendo valer las normas del Estado y su derecho primero. Al final de la jornada vendrá una delegación de mestizos, de campesinos, para programar la próxima toma. Eso la entusiasma, le gustaría participar. Su hermano la motiva cuando viene del monte, tan educado que se ha vuelto, tan bien parecido que se ve.

Año 1.996 del calendario gregoriano. Año 5.110 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Ana Cristina Méndez se levanta aún bajo el cobijo de la noche. Rinde dos huevos con harina, para el desayuno de sus hijos. En esas piensa en toda la plata que desperdició su marido como raspachín en épocas de bonanza. Esa misma que lo envolvió en los vicios y la vagabundería y se lo llevó una noche cualquiera de borrachos. Ya sola, fueron a buscarla y no tuvo otra que irse. Se desplazó cientos de kilómetros con sus hijos en búsqueda de una familiar lejana. Atrás quedó su parcela sin título. Ahora tiene un puesto de empanadas y aunque no tenga tierra, cuando ahorra alguna plata la invierte en siembra de ñame que luego vende entre sus vecinos. Le preocupa su hijo, el mayor, pronto se gradúa del bachillerato y ¿qué lo va a poner a hacer? Nunca ha pensado en volver.

Año 2017 del calendario gregoriano. Año 5 de la quinta era de la gran cuenta larga. Andrea puede ser bisnieta, nieta o hija de Icha, Herminia, Rosalba, Mariela u Odilia. También podía llamarse Katherine, Dayana o Carolina. Puede tener raíces indias o negras sin que se la haya pasado por la cabeza reconocerse como tal. Puede ser una campesina en proceso de descampenización viviendo en la ciudad donde cursa su universidad. Una ex miliciana que espera con angustia el devenir de esta paz, o una indígena de un pueblo en peligro de desaparición, sometido a la espera eterna de la ampliación de su resguardo. En cualquier caso, la implementación no les significará mayor cosa. Con lejanía escuchan de ella en las noticias como una política más de gobierno. Y como tal, desconfían, o simplemente no esperan nada.

Señores del mal gobierno. Ustedes son también herederos. Herederos de tradiciones políticas que han frustrado un proyecto de nación que integre nuestra diversidad. De prácticas que han desprovisto a toda una generación de expectativas de cambio. La firma de los Acuerdos y los diálogos en Quito significan para nosotros una posibilidad. Una posibilidad de despertar, de transición, de una mínima apertura de la democracia, de dignificar la política y el ejercicio del poder. Con mayor rigor del que podamos alcanzar, se ha expuesto aquí con suficiencia la tergiversación de los Acuerdos, la inconducencia de las normas proferidas para atender su espíritu, y el oportunismo del mal gobierno para incorporar su agenda, la de los poderosos, la de los menos, ahora con el pretexto de la paz. Condenamos con vehemencia esta conducta que es contraria en sí misma a la implementación. Advertimos que no se cosecha paz sembrando más injusticia, que esos palos ya están muy altos, y los pueblos nos hemos cansado de no esperar.

Celebrando con ustedes el año nuevo andino, Inti Raymi,

Colectivo Agrario Abya Yala.

(1) Ponencia de la Colectiva Agrario Abya Yala en la Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre “Implementación de la Reforma Rural Integral y el Plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito”, convocada por los y las congresistas populares Angela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Alberto Castilla e Iván Cepeda el 22 de junio de 2017.

FOTO: “Toro y Condor” Guayasamín

Colombia: Se germinan historias, se cultivan mundos: Cabrera un pueblo guerrero que defiende nuestra naturaleza

Fotografía portada: El Oso, Toma cultural en casco urbano en Cabrera pre consulta. Febrero de 2017

Laura Daniela Cifuentes

Daniela Sierra Navarrete

María Fernanda Ríos

Equipo Colombiano en Investigación en Conflicto y Paz – ECICP

TERREPAZ

Muchos caminos de encuentros y rupturas nos permitieron llegar al Municipio de Cabrera, perteneciente al departamento de Cundinamarca, lugar históricamente reconocido por su pujante y luchadora población que, a lo largo del tiempo, ha tenido que enfrentarse a diversos conflictos enmarcados en las luchas campesinas y de sus resistencias. Hoy en día, conservando la herencia de resistencia de los hijos y las hijas de Juan de la Cruz Varela, la lucha se materializa en la firmeza de la negación al proyecto de la Hidroeléctrica El Paso, proyecto coherente con las lógicas de la maquinaria capitalista y la supuesta única vía de desarrollo y progreso para la nación.

El municipio de Cabrera se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos, concretamente en la gran cuenca del río Sumapaz. Este municipio hace parte del páramo de Sumapaz –considerado como el más importante y extenso de Colombia y el mundo– y está localizada en área divisoria de aguas –que por la vertiente oriental de la cordillera transcurren hacia la cuenca del río Orinoco, y por la vertiente occidental hacia la cuenca del río Magdalena–, lo que hace de este un territorio estratégico por su abundancia hídrica. Limita al norte con los municipios de Venecia y San Bernardo, al sur con los departamentos del Huila, Tolima y Meta, al oriente con Bogotá y Meta y al occidente con el departamento del Tolima.

Si bien la jurisdicción y distribución político administrativa lo contempla como un municipio, mediante la resolución 046 del 7 de noviembre del 2000, se proclama como Zona de Reserva Campesina, contemplando una extensión de 44.000 hectáreas y una población aproximada de 9300 personas (Incoder, 2015).

La ZRC de Cabrera encarna en su constitución, la larga y tradicional lucha del campesinado colombiano que en aras de una reforma agraria integral que procure la mejora ambiental, económica, política, social y cultural del campo, apuesta por la búsqueda de garantías para el buen vivir. Así, la historia de lucha se remonta a comienzos de la segunda década del siglo XX. En la defensa de dichas reivindicaciones, el papel del campesinado de la provincia de Sumapaz ha sido notable. Desde la segunda década del siglo XX, este ha dado muestras de su capacidad organizativa y movilizadora, el movimiento campesino encabezado por Eufrosina Molina en contra de la titulación de tierras a latifundistas que ni siquiera las habían ocupado, y que declaró el año 1916 como “año de sublevación contra los latifundistas” constituyó una primera muestra de ello. Las ligas campesinas de los años veintes y treintas (Mondragón, 2002) y el sólido proceso de organización agraria encabezado por Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia de la mano inicialmente de la organización de colonias agrarias (Palacios, 2011) y posteriormente, de la resistencia a los desmanes de la policía chulavita, son dos ejemplos más que destacables (SINPEAGRICUN, ILSA, & INCODER, 2010, pág. 42).

Toda la herencia de lucha agraria del siglo pasado, se conserva en la memoria del campesinado y sus tierras, quienes encontraron en la ZRC una plataforma al reconocimiento de sus luchas. El legado histórico de organización campesina sumado a la ubicación de la reserva en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural del Sumapaz como una zona estratégica de cuidado de ecosistema, fueron parte de los argumentos consolidados para la constitución de la ZRC.

Este municipio, de lucha agraria, ha sido contemplado dentro del proyecto minero energético El Paso de la multinacional Emgesa-Enel. Dicho proyecto fue de conocimiento público en el año 2008, cuando Emgesa-Enel manifestó su pretensión de construir 14 microcentrales eléctricas y un embalse sobre la cuenca del rio Sumapaz, afectando directamente la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, y los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi en Cundinamarca, he Icononzo en el departamento del Tolima. Sin embargo, la propuesta de un embalse en la vereda la Unión (ubicada en ecosistema de páramo, además de punto de confluencia de los ríos Sumapaz, El Pilar y San Juan, y frontera entre la localidad 20 de Bogotá y el municipio de Cabrera) prendió las alarmas entre los pobladores de la región, obligando a la empresa a replantear el proyecto en el año 2012. Esta nueva propuesta eliminó la construcción de dicho embalse, apostándole únicamente a la construcción de ocho microcentrales eléctricas a filo de agua en un área de 50 kilómetros a lo largo del rio Sumapaz, entre la desembocadura del río San Juan y la quebrada Las Lajas. No obstante el nuevo proyecto seguía sin corresponder con las necesidades y apuestas territoriales de la población de la zona de Reserva Campesina de Cabrera y de los campesinos y campesinas de los municipios directamente afectados.

No hay que dejar de mencionar que Emgesa-Enel no ha presentado oportunamente los documentos que sustentan dicho proyecto ni los estudios de impacto ambiental que exige la Ley, declarando falazmente ante medios de comunicación, su socialización con la comunidad y el respaldo por parte de esta. Y que además es la responsable del infame proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Esto sin contar con que los planes de Emgesa irían en contravía con lo que ellos han planeado construir desde que fueron decretados como Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el 2000. “Cabrera tiene una bitácora que es el Plan de Desarrollo Sostenible, donde las comunidades, de manera concertada, plasman para dónde quieren ir. El nuestro tiene unos ejes principales, entre ellos el ambiental, en el que no hay nada relacionado con la generación de energía”, afirma Paola Bolaños, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina y líder popular de la ZRC. Otro de los desafíos ambientales que tendría este proyecto está relacionado con los impactos de construir túneles en zonas frágiles.

Aunque con el modelo de las microcentrales se toma agua del río en un sitio para depositarla más adelante, lo que disminuye el impacto ambiental. Para Héctor Salazar, concejal del municipio de Cabrera, el hecho de estar tan cerca del páramo implica que el área es muy vulnerable a cualquier intervención: “Con el sistema de filo de agua del que habla Emgesa hay que desviar el cauce del río por unas tuberías para generar energía. Tememos que esto afecte el comportamiento del río o la misma temperatura de la zona”.

Y aunque Emgesa afirma que esta última reestructuración del proyecto se dio a finales del año pasado, a raíz de nuevos estudios que buscan ser más sostenibles en términos de recursos naturales, los cabrerunos manifiestan haber sido notificados de este cambio sólo diez días antes de la consulta. Sin embargo, este hecho que no los detuvo para realizar la consulta popular, pues temían que se tratara de una estrategia para entorpecer la convocatoria a votar en contra del proyecto.

Es tal la oposición a que dicho proyecto se lleve a cabo, que en el 2012 se reunieron centenares de personas en el municipio de Cabrera para asistir al “Foro en defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio”, donde declararon su negativa al desarrollo de este proyecto y discutieron las estrategias para consolidar la vocación agrícola y la cultura campesina de la población de esta región. Así mismo a comienzos del 2016 se realizó un Cabildo Abierto por iniciativa del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y las autoridades municipales, con el fin de manifestarle a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) su oposición a la construcción de dicha hidroeléctrica. A pesar de que el evento fue ampliamente difundido y su asistencia masiva, dichas autoridades estatales y regionales no se presentaron al evento.

Cabildo abierto por defensa del territorio en casco urbano de Cabrera. 2016. Fotografía: Lorena Cruz

Estos espacios de encuentro y deliberación, sumándose ahora la consulta popular realizada el pasado 26 de febrero, deja claro que ningún proyecto minero energético es bienvenido en este territorio consagrado a la economía campesina y la sostenibilidad ambiental, como bien ha sido consagrado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 y muchos otros documentos propios de la Zona de Reserva Campesina.

Como era de esperarse, el pasado 26 de febrero los campesinos y campesinas del municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca salieron a votar masivamente a la consulta popular y le dijeron a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?”. Fueron en total 1.506 votos de los cuales 1.465 fueron por el NO, 23 por el SÍ, 5 nulos y 13 no marcados.

Votaciones Consulta Popular Cabrera 26 de febrero de 2017

Este hecho histórico en el cual una ZRC mediante una consulta popular logra frenar la entrada de una multinacional para explotación de recursos hídricos logró consolidar una experiencia que hoy se empieza a replicar en la EcoRegión del Sumapaz. El municipio de Arbeláez y Pasca están en proceso de consulta para frenar la implementación de explotación petrolera e hídrica.  Este escenario de defensa del territorio plantea una necesidad urgente, la búsqueda de caminos jurídicos que permitan blindar las decisiones autónomas que han tomados las organizaciones campesinas para hacer un ordenamiento comunitario del territorio en defensa de la vida y la naturaleza. Pero dichos caminos deben ser cuidadosamente implementados pues sería nefasto no tener una correlación de fuerzas positiva en un escenario de consulta popular que terminara por validar la entrada del capital privado extranjero para ordenar las vocaciones productivas de una región que ha sido históricamente agraria y pecuaria.

Esto sumando al intento de deslegitimación, de una decisión popular, que ha intentado hacer el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energías para el caso de Cajamarca y su NO rotundo a la explotación minera de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti plantean varias preguntas para las organizaciones sociales y los defensores de la naturaleza ¿pueden estos mecanismos frenar la inversión minero energética en nuestros territorios? Más cuando están en trámite un par de consultas más frente a la exploración y extracción de petróleo y fracking. Las voluntades populares llevadas a las urnas en un ejercicio de democracia directa deben además ser refrendadas y apoyadas por los mandatarios locales; son los alcaldes los encargados de validar mediante decretos la voluntad de los votantes, es decir, que como mandatarios elegidos por un ejercicio de representatividad están en la obligación de poner su voluntad política en disposición de dichos mecanismos.

Frente a estos procesos de defensa territorial, la articulación regional de las experiencias organizativas campesinas e incluso de los sectores que no han estado organizados, es fundamental generar movimientos amplios por la defensa de la vida y la naturaleza y más en el escenario actual de posacuerdo en el cual las empresas multinacionales de explotación minero energética entrarán determinan una parte significativa de la inversión privada.

En Colombia quieren ahogar las semillas de la paz

Por: Cubio Colectivo Agrario Abya Yala

En Colombia la alegría por el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC-EP, pareciera olvidarse por momentos, pues presenciamos una nueva oleada de violencia contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Las negociaciones que se desarrollaron en la Habana, Cuba, después de casi cinco años cerraron con la firma de un Acuerdo Final. A pesar de la derrota del plebiscito el 2 de octubre, las partes lograron alcanzar un segundo acuerdo de 310 páginas firmado el 24 de noviembre de 2016 por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño alias Timochenko, máximo jefe de las FARC-EP.

A pesar de la desidia del gobierno nacional en cumplir con la implementación del Acuerdo de paz y adecuar las instalaciones de los puntos de concentración donde las tropas de las FARC-EP harán la dejación de las armas y la transición a movimiento político civil, la guerrilla ha mantenido inquebrantable su compromiso con la paz y ha cumplido firmemente lo acordado. Pero hoy en gran parte del territorio nacional, se siente un profundo temor por el fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, quienes, a pesar de ser negados por el Gobierno nacional, hoy vuelven a tener el poder que tuvieran en el pasado, como ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia, la más grande confederación paramilitar en Colombia, que durante casi una década de existencia fue el causante de los más atroces crímenes contra poblaciones enteras y el desplazamiento de millones de personas.

Hoy grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia controlan cerca de 300 municipios en el país, amedrentando a la población civil, mantienen vínculos con la fuerza pública y funcionarios del Estado y operan como la mano negra al servicio de gamonales políticos y empresas nacionales y transnacionales. Y quienes más sienten el temor son las organizaciones sociales rurales, pues cada vez son más frecuentes los asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, principalmente líderes de base; campesinos, indígenas y afros de a pie, líderes históricos que tienen un potencial papel protagónico en la implementación de los acuerdos de paz.

Los acuerdos de paz tienen como eje transversal el enfoque territorial, que indica que serán priorizadas las zonas donde históricamente se vivió el conflicto armado, allí donde ha reinado hasta ahora la ley del más fuerte, se concentrarán los esfuerzos del gobierno y la sociedad por construir Estado Social de Derecho y establecer el imperio de la ley. Esto pasa por fortalecer los mecanismos de participación popular y convertir a la sociedad civil en un agente central del cambio. Con lo cual serán las organizaciones sociales en esas regiones, quienes tendrán la posibilidad de tener un papel activo en la materialización de los acuerdos de paz, principalmente en el punto sobre reforma rural integral, participación política y política cultivos de uso ilícito. Tres temas que han sido causas estructurales del conflicto armado que causaronel alzamiento en armas de las FARC-EP: la concentración de la tierra, el modelo político excluyente y el abandono del campo.

Y es que las alarmas están prendidas desde la finalización del proceso de paz, el fin de semana justo antes de la firma del Acuerdo Final, fueron asesinados vilmente tres líderes sociales: Erley Monroy y Didier Barreto, líderes campesinos y defensores de derechos humanos y del ambiente de la Macarena, Meta, miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero ASCAL-G y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica; y Rodrigo Cabrera, defensor de derechos humanos y también miembro de Marcha Patriótica, fue asesinado en Policarpa (Nariño). Y atentaron contra la vida de dos más: Danilo Bolaño Díaz y Hugo Cuellar.

Según el informe de Front Line defenders, Colombia encabeza el listado en América Latina en el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2016. La Defensoría del Pueblo ha denunciado que durante el año 2016 fueron asesinados más de 120 líderes y defensores de derechos humanos en todo el país, principalmente en zonas rurales, cifra más alta en la historia reciente del país. Estos hechos dan muy mal señal, para nadie es difícil recordar el genocidio de la Unión Patriótica, partido político que surgió de una negociación similar entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 1984, que se convirtió en una esperanza de cambio para millones de colombianos, pero terminó con una danza macabra de muerte y terror, que cobró la vida de más de cinco mil de sus militantes, y ahogó en ese momento la esperanza de paz, pues los sobrevivientes tuvieron que exiliarse del país o ingresar a las filas de las FARC.

Hoy son el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos las organizaciones sociales con mayor número de miembros asesinados, agredidos o amenazados. ¿Será la crónica de un genocidio anunciado?, hoy es frecuente que los titulares de la prensa anuncien otro asesinato de algún líder social en alguna vereda de un municipio priorizado para la implementación de los Acuerdos de paz. Lo peor es que lo temíamos, sabíamos que las oligarquías de este país, acostumbradas a ordenar la muerte de aquel que reclamara sus derechos por la tierra y no permitirían superar las relaciones feudales sobre la propiedad de la tierra por vías democráticas.

Esto siempre lo tuvieron presente El Gobierno nacional y las FARC-EP mientras negociaban la paz, y para ello contemplaron una serie de medidas que buscan una eficaz protección a las organizaciones sociales y el combate contundente a los grupos paramilitares, entre ellas se encuentra la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el mismo Presidente de la República e integrada por todos los órganos de Estado y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, la cual tiene como responsabilidad generar las medidas para la seguridad de las organizaciones sociales, el combate y desmantelamiento del paramilitarismo. Así mismo contempla la creación de una unidad especial de investigación de los ataques contra los líderes sociales y un cuerpo élite para el combate de estas estructuras.

Sin embargo, todo esto ha quedado en palabras, en discursos bonitos que llenan de esperanza, pero que en la realidad no significan nada, pues siguen matando un o una líder social cada dos días en algún rincón del país.La mayor parte de estos crímenes son en los departamentos de Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Norte de Santander Caquetá o Valle del Cauca, donde se encuentran las mejores tierras, los yacimientos de minerales como el oro y las mayores fuentes de agua. Allí están felices las empresas multinacionales porque saben que ahora será más fácil entrar a saquear los recursos naturales. Pero también en esas regiones hay mayor organización social campesina, indígena o afro, con líderes fuertes y conscientes del papel que tienen en la construcción de una nueva Colombia.

Los señores de la guerra aún tienen mucho poder y hoy quieren ahogar en sangre las semillas de paz que están germinando, y el gobierno nacional es cómplice o incapaz de controlarlos. Aún la mano negra del Estado sigue intacta, aún quedan activos una gran parte de los mandos de la fuerza pública que se formaron en la escuela de las Américas, prepararon a los grupos paramilitares y cometieron masacres codo a codo junto a ellos.

La paz de Colombia está en juego, los que se benefician de la guerra no pueden arrebatar el futuro a todo un pueblo, hoy más que nunca urge fortalecer la cadena de afectos, la fraternidad popular y la solidaridad internacional en defensa de la vida de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, semillas de un nuevo amanecer.