Informe de Acceso a Tierra y Territorio en Sudamércia 2016

Presentación

Nuestra mirada sobre la ruralidad y de la des-ruralización, si se quiere, se concentra en las decisiones que asumen las personas y colectivos en el campo. Sostenemos que el vivir en el campo no es un acto fatídico, la permanencia y el retorno es una acción plena, de mujeres y hombres, comunidades, que protagonizan sus vidas e historias. En contraposición, lo que es visto como naturalmente moderno es a la vez un acto de fuerza, de ventaja política, estatal, económica, tecnológica, que expulsa, deteriora, coarta y obstaculiza las oportunidades de las personas. Considerado el campo como una construcción social, política y económica, con la misma fuerza con que se propugna su deterioro social, se puede alimentar su fuerza creativa de manera que se desencadene su cualidad para facilitar oportunidades, incluir, promover, proponer, invertir y reproducir la vida. A unos actores les tocará hacer cumplir las leyes y atender demandas, y a los otros proponer alternativas, movilizarse para ser escuchados y hacerse cargo de los preciados recursos que se encuentran en sus manos. 

Como Colectivo Agrario Abya Yala somos autores del capítulo Colombia.

La tierra, el desarrollo rural, los derechos indígenas originarios campesinos afrodescendientes, a pesar de lo que muchos creen al respecto, no son asuntos resueltos. No asistimos simplemente al devenir de normas, acciones institucionales y resultados predefinidos. El mundo del campo y sus actores, es mucho más dinámico, responde a permanentes ajustes, cambios de timón, imposiciones, razonamientos, movilizaciones, etc. Al respecto, nuestra hipótesis es que no puede haber un ciclo anual sin información sustantiva, novedosa y oportuna de recolectar, para enriquecer los estudios y las movilizaciones rurales. Este informe es la evidencia propuesta. El Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, iniciativa enmarcada en las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, presenta su segunda versión y año consecutivo. Se han superado las 135 sistematizaciones de experiencias inspiradoras de acceso a la tierra y territorio en 9 países de la región. La plataforma www.porlatierra.org, además de los casos, cuenta con documentos técnicos y dispone de información de actualidad de los principales movimientos por la tierra y defensa territorial de la región.

El avance en relación al año pasado, pareciera menor, no obstante, considerando el esfuerzo que ha supuesto el arrancar, el último año ha estado cargado de satisfacciones y se ha acelerado el ritmo, tanto de la construcción de alianzas como de elaboración de casos y organización de actividades en diferentes países. Bolivia, Ecuador y Paraguay están a punto de cumplir con la expectativa de cantidad de casos sistematizados, y 16 IPDRS Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica en adelante, tenemos el gran desafío de aproximarnos a países donde aún no hemos tenido llegada, Argentina, Chile, Venezuela y otros. Este amplio trabajo de articulación, más la elaboración de este informe nos genera la sensación de haber terminado un año con alianzas consolidadas, posicionamientos claros respecto a otras formas de articulación organizacional y de red, y la certeza de que nuestro trabajo es útil. Con la llegada al caso 100 y el lanzamiento del Informe 2015, decidimos no realizar las acostumbradas actividades de presentación de textos, en sitios restringidos a uno u otro sector y ciertos esquemas que no suelen ser los escenarios más acogedores para hablar sobre el retorno al campo, el apego a la tierra y las luchas campesinas e indígenas.

Decidimos pues, abrir nuestra oficina en la ciudad de La Paz, desmantelar nuestro propio esquema institucional e instalamos la muestra audiovisual Voces e imágenes por la tierra y territorio, exponiendo fotografías, líneas de tiempo que ordenan los hitos más importantes de 112 historias familiares, comunitarias y territoriales de acceso a la tierra y retorno al campo; y además, al menos cuatro películas documentales sobre diferentes casos. Con este escenario, propusimos diversos espacios de diálogo horizontal con organizaciones campesinas e indígenas, aliados institucionales, activistas y periodistas que se veían interpelados por el derroche de datos en vivo, testimonios e imágenes de personas que insisten en su apego y pertenencia rural y territorial. Esta muestra se llevó a la Universidad Indígena Boliviana Quechua “Casimiro Huanca” en la región campesina de Chimoré, a la Universidad Mayor de San Andrés, a una feria urbana dominical en la ciudad de La Paz y además, llegó parcialmente a Ecuador y Brasil.

La presentación del primer informe nos visibilizó y aproximó ante diversos actores, gracias a la fraternidad y disposición de nuestros compañeros en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En la ciudad de Bogotá, el Colectivo Agrario Abya Yala organizó en los últimos días de agosto un encuentro de posibles aliados del Movimiento, y en Ibarra y Quito, en el mes de octubre, SIPAE organizó dos palestras para que podamos presentar el documento. En el mismo mes, Grufides, la Escuela para el Desarrollo y la carrera de Sociología de la Universidad de San Marcos organizaron una mesa en el recinto universitario en Lima, donde pudimos conversar con ellos, sobre la problemática del acceso a la tierra y las tensiones de esta focalización con los conflictos territoriales y socioambientales. Los amigos de CEPES también abrieron sus puertas e instauraron una mesa muy crítica con el documento, a la vez que se vislumbró su compromiso de participación en esta versión. Junto a la muestra y la presentación del primer informe, continuamos con la entrega de reconocimientos a los protagonistas de los casos que íbamos encontrando y conociendo.

Y estos momentos han sido realmente gratificantes, pues es tan cierta la demanda y la movilización por la tierra que nunca sobrarán los reconocimientos a mujeres, hombres, jóvenes, familias y colectividades que no son de interés mediático, y poco se sabe de su quehacer cotidiano, sus recorridos y novedades en sus vidas. 17 Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica A diferencia del primer informe, éste se ha ampliado a siete países, tiene autorías individuales e institucionales, un trabajo arduo de articulación de parte de la coordinación del Equipo del IPDRS. Esperamos que este trabajo colectivo siga fortaleciéndose y lo consolidemos en los siguientes años. La intención de este trabajo, así como de otros esfuerzos del Movimiento, es proporcionar herramientas e insumos a líderes sociales, investigadores, académicos, activistas, operadores políticos, gestores de desarrollo y cooperación, para sus tareas de análisis, propuesta e incidencia. Nuevos aportes, propuestas de articulación, casos inspiradores, documentos técnicos, espacios de debate, paredes para exponer la muestra “Voces e imágenes por la tierra y territorio” y más encuentros son bienvenidos. Movimiento Regional por la Tierra y Territorio Marzo de 2017

CUENTOS PARA ORDENAR EL PENSAMIENTO Y DEFENDER EL TERRITORIO

Presentamos cartilla del Colectivo Agrario Abya Yala de Colombia, Cuentos para Ordenar el Pensamiento y Defender el Territorio, propuesta para la  hacer educación popular en comunidades rurales. Encuentra en los contenidos un debate creativo sobre los conceptos de “Desarrollo”, “Ordenamieto Territorial” y “Defensa del Territorio”.
 

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Colombia: Se germinan historias, se cultivan mundos: Cabrera un pueblo guerrero que defiende nuestra naturaleza

Fotografía portada: El Oso, Toma cultural en casco urbano en Cabrera pre consulta. Febrero de 2017

Laura Daniela Cifuentes

Daniela Sierra Navarrete

María Fernanda Ríos

Equipo Colombiano en Investigación en Conflicto y Paz – ECICP

TERREPAZ

Muchos caminos de encuentros y rupturas nos permitieron llegar al Municipio de Cabrera, perteneciente al departamento de Cundinamarca, lugar históricamente reconocido por su pujante y luchadora población que, a lo largo del tiempo, ha tenido que enfrentarse a diversos conflictos enmarcados en las luchas campesinas y de sus resistencias. Hoy en día, conservando la herencia de resistencia de los hijos y las hijas de Juan de la Cruz Varela, la lucha se materializa en la firmeza de la negación al proyecto de la Hidroeléctrica El Paso, proyecto coherente con las lógicas de la maquinaria capitalista y la supuesta única vía de desarrollo y progreso para la nación.

El municipio de Cabrera se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos, concretamente en la gran cuenca del río Sumapaz. Este municipio hace parte del páramo de Sumapaz –considerado como el más importante y extenso de Colombia y el mundo– y está localizada en área divisoria de aguas –que por la vertiente oriental de la cordillera transcurren hacia la cuenca del río Orinoco, y por la vertiente occidental hacia la cuenca del río Magdalena–, lo que hace de este un territorio estratégico por su abundancia hídrica. Limita al norte con los municipios de Venecia y San Bernardo, al sur con los departamentos del Huila, Tolima y Meta, al oriente con Bogotá y Meta y al occidente con el departamento del Tolima.

Si bien la jurisdicción y distribución político administrativa lo contempla como un municipio, mediante la resolución 046 del 7 de noviembre del 2000, se proclama como Zona de Reserva Campesina, contemplando una extensión de 44.000 hectáreas y una población aproximada de 9300 personas (Incoder, 2015).

La ZRC de Cabrera encarna en su constitución, la larga y tradicional lucha del campesinado colombiano que en aras de una reforma agraria integral que procure la mejora ambiental, económica, política, social y cultural del campo, apuesta por la búsqueda de garantías para el buen vivir. Así, la historia de lucha se remonta a comienzos de la segunda década del siglo XX. En la defensa de dichas reivindicaciones, el papel del campesinado de la provincia de Sumapaz ha sido notable. Desde la segunda década del siglo XX, este ha dado muestras de su capacidad organizativa y movilizadora, el movimiento campesino encabezado por Eufrosina Molina en contra de la titulación de tierras a latifundistas que ni siquiera las habían ocupado, y que declaró el año 1916 como “año de sublevación contra los latifundistas” constituyó una primera muestra de ello. Las ligas campesinas de los años veintes y treintas (Mondragón, 2002) y el sólido proceso de organización agraria encabezado por Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia de la mano inicialmente de la organización de colonias agrarias (Palacios, 2011) y posteriormente, de la resistencia a los desmanes de la policía chulavita, son dos ejemplos más que destacables (SINPEAGRICUN, ILSA, & INCODER, 2010, pág. 42).

Toda la herencia de lucha agraria del siglo pasado, se conserva en la memoria del campesinado y sus tierras, quienes encontraron en la ZRC una plataforma al reconocimiento de sus luchas. El legado histórico de organización campesina sumado a la ubicación de la reserva en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural del Sumapaz como una zona estratégica de cuidado de ecosistema, fueron parte de los argumentos consolidados para la constitución de la ZRC.

Este municipio, de lucha agraria, ha sido contemplado dentro del proyecto minero energético El Paso de la multinacional Emgesa-Enel. Dicho proyecto fue de conocimiento público en el año 2008, cuando Emgesa-Enel manifestó su pretensión de construir 14 microcentrales eléctricas y un embalse sobre la cuenca del rio Sumapaz, afectando directamente la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, y los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi en Cundinamarca, he Icononzo en el departamento del Tolima. Sin embargo, la propuesta de un embalse en la vereda la Unión (ubicada en ecosistema de páramo, además de punto de confluencia de los ríos Sumapaz, El Pilar y San Juan, y frontera entre la localidad 20 de Bogotá y el municipio de Cabrera) prendió las alarmas entre los pobladores de la región, obligando a la empresa a replantear el proyecto en el año 2012. Esta nueva propuesta eliminó la construcción de dicho embalse, apostándole únicamente a la construcción de ocho microcentrales eléctricas a filo de agua en un área de 50 kilómetros a lo largo del rio Sumapaz, entre la desembocadura del río San Juan y la quebrada Las Lajas. No obstante el nuevo proyecto seguía sin corresponder con las necesidades y apuestas territoriales de la población de la zona de Reserva Campesina de Cabrera y de los campesinos y campesinas de los municipios directamente afectados.

No hay que dejar de mencionar que Emgesa-Enel no ha presentado oportunamente los documentos que sustentan dicho proyecto ni los estudios de impacto ambiental que exige la Ley, declarando falazmente ante medios de comunicación, su socialización con la comunidad y el respaldo por parte de esta. Y que además es la responsable del infame proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Esto sin contar con que los planes de Emgesa irían en contravía con lo que ellos han planeado construir desde que fueron decretados como Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el 2000. “Cabrera tiene una bitácora que es el Plan de Desarrollo Sostenible, donde las comunidades, de manera concertada, plasman para dónde quieren ir. El nuestro tiene unos ejes principales, entre ellos el ambiental, en el que no hay nada relacionado con la generación de energía”, afirma Paola Bolaños, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina y líder popular de la ZRC. Otro de los desafíos ambientales que tendría este proyecto está relacionado con los impactos de construir túneles en zonas frágiles.

Aunque con el modelo de las microcentrales se toma agua del río en un sitio para depositarla más adelante, lo que disminuye el impacto ambiental. Para Héctor Salazar, concejal del municipio de Cabrera, el hecho de estar tan cerca del páramo implica que el área es muy vulnerable a cualquier intervención: “Con el sistema de filo de agua del que habla Emgesa hay que desviar el cauce del río por unas tuberías para generar energía. Tememos que esto afecte el comportamiento del río o la misma temperatura de la zona”.

Y aunque Emgesa afirma que esta última reestructuración del proyecto se dio a finales del año pasado, a raíz de nuevos estudios que buscan ser más sostenibles en términos de recursos naturales, los cabrerunos manifiestan haber sido notificados de este cambio sólo diez días antes de la consulta. Sin embargo, este hecho que no los detuvo para realizar la consulta popular, pues temían que se tratara de una estrategia para entorpecer la convocatoria a votar en contra del proyecto.

Es tal la oposición a que dicho proyecto se lleve a cabo, que en el 2012 se reunieron centenares de personas en el municipio de Cabrera para asistir al “Foro en defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio”, donde declararon su negativa al desarrollo de este proyecto y discutieron las estrategias para consolidar la vocación agrícola y la cultura campesina de la población de esta región. Así mismo a comienzos del 2016 se realizó un Cabildo Abierto por iniciativa del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y las autoridades municipales, con el fin de manifestarle a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) su oposición a la construcción de dicha hidroeléctrica. A pesar de que el evento fue ampliamente difundido y su asistencia masiva, dichas autoridades estatales y regionales no se presentaron al evento.

Cabildo abierto por defensa del territorio en casco urbano de Cabrera. 2016. Fotografía: Lorena Cruz

Estos espacios de encuentro y deliberación, sumándose ahora la consulta popular realizada el pasado 26 de febrero, deja claro que ningún proyecto minero energético es bienvenido en este territorio consagrado a la economía campesina y la sostenibilidad ambiental, como bien ha sido consagrado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 y muchos otros documentos propios de la Zona de Reserva Campesina.

Como era de esperarse, el pasado 26 de febrero los campesinos y campesinas del municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca salieron a votar masivamente a la consulta popular y le dijeron a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?”. Fueron en total 1.506 votos de los cuales 1.465 fueron por el NO, 23 por el SÍ, 5 nulos y 13 no marcados.

Votaciones Consulta Popular Cabrera 26 de febrero de 2017

Este hecho histórico en el cual una ZRC mediante una consulta popular logra frenar la entrada de una multinacional para explotación de recursos hídricos logró consolidar una experiencia que hoy se empieza a replicar en la EcoRegión del Sumapaz. El municipio de Arbeláez y Pasca están en proceso de consulta para frenar la implementación de explotación petrolera e hídrica.  Este escenario de defensa del territorio plantea una necesidad urgente, la búsqueda de caminos jurídicos que permitan blindar las decisiones autónomas que han tomados las organizaciones campesinas para hacer un ordenamiento comunitario del territorio en defensa de la vida y la naturaleza. Pero dichos caminos deben ser cuidadosamente implementados pues sería nefasto no tener una correlación de fuerzas positiva en un escenario de consulta popular que terminara por validar la entrada del capital privado extranjero para ordenar las vocaciones productivas de una región que ha sido históricamente agraria y pecuaria.

Esto sumando al intento de deslegitimación, de una decisión popular, que ha intentado hacer el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energías para el caso de Cajamarca y su NO rotundo a la explotación minera de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti plantean varias preguntas para las organizaciones sociales y los defensores de la naturaleza ¿pueden estos mecanismos frenar la inversión minero energética en nuestros territorios? Más cuando están en trámite un par de consultas más frente a la exploración y extracción de petróleo y fracking. Las voluntades populares llevadas a las urnas en un ejercicio de democracia directa deben además ser refrendadas y apoyadas por los mandatarios locales; son los alcaldes los encargados de validar mediante decretos la voluntad de los votantes, es decir, que como mandatarios elegidos por un ejercicio de representatividad están en la obligación de poner su voluntad política en disposición de dichos mecanismos.

Frente a estos procesos de defensa territorial, la articulación regional de las experiencias organizativas campesinas e incluso de los sectores que no han estado organizados, es fundamental generar movimientos amplios por la defensa de la vida y la naturaleza y más en el escenario actual de posacuerdo en el cual las empresas multinacionales de explotación minero energética entrarán determinan una parte significativa de la inversión privada.

ACTION OF PANAMANIANS AND FRIENDS AT TORONTO’S INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 

Location: The territories of the Wendat, Anishnabek Nation, the Haudenosaunee Confederacy, the Mississaugas of the New Credit First Nations, and the Métis Nation, Turtle Island – also known as Toronto, Ontario, Canada.

By: Ananka R., Alanis O., Veronica U., Magpie, Adriana, BJA.

We are a group of activists, students, workers, artist and mother

This blog entry will discuss the action by a group of Panamanians and friends who participated at Toronto’s International Women’s Day on Saturday March 11th, 2017.

Panamanians in Canada

The Abya Yala populations coming from the South make up 1.2% of the total Canadian population. In Toronto, as per the 2011 census, there are less than 2,500 Panamanians in a city of over 2.6 million people. The first Panamanian immigrants came to Canada as refugees between 1987 and 1989, landing in Montreal, Toronto, Vancouver and Ottawa fleeing state repression. This is not only the history of Panamanian immigrants but those of other Abya Yala communities in Canada including, Chileans, Nicaraguans and Salvadorians to name a few. People of this generation, or with parents from this era, are fully aware of the challenges and barriers that refugee families faced as they settled in their new homes – similar to what Syrian refugees in Canada are currently experiencing.

Why do we bring this up? Because in the spirit of International Women’s Day, it is critical to build global solidarities as a strategy advocated by a number of activists such as Angela Davis, Nelson Mandela, Che Guevara and Berta Cáceres, to name a few, to stand against the extraordinary challenges emerging out of advanced capitalism, neoliberalism, colonialism, racism, and systems of oppression. Displacement, dispossession and state violence, are just some of the historical realities and memories that the Southern Abya Yala communities in Canada are familiar with. While we do not suggest or even try to attempt at making a comparison with the 500 years of colonial terror experienced by Indigenous Nations in what today we call the Republic of Panama, we sympathize with Ngäbe-Buglé Peoples. We too were forced to flee our homes, and through our immigration experiences, we have gained a small but profound glimpse into the current struggles against Barro Blanco, and we share Ngäbe-Buglé’s pain and righteous anger.

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Over the past five years, some of us have been following news of the class coalition movement among campesinos, workers and Ngäbe-Buglé Peoples that resisted Toronto’s Inmet Mining in Cerro Colorado, and Vancouver-based Petaquilla Minerals in Coclesito. Through this, and discussions among ourselves, we became aware of Barro Blanco, and for years even the most militant activist among us just helplessly watched. Through the teachings of Indigenous Nations of Turtle Island – an education that we’ve had to actively seek out as young adults as it continues to be denied in the Canadian school systems, we have learned the importance of Indigenous histories beyond oppressive and racist depiction of Indigenous Peoples. There’s almost a complete erasure of Indigenous epistemologies, histories, cultures, traditions, languages, and perspectives in the current Euro-centric colonial education. This is not merely a coincidence or an oversight; the active invisibilization of Indigenous Peoples is part of the colonial and imperial project, not just in Turtle Island but across Abya Yala.

Because the Panamanian-Canadian community is small, the discriminatory tensions that tend to divide us back home go out the window. This is not to say that we don’t recognize our differences, privileges, and identities. However, divisive politics is not something that we are interested in, rather we came together to stand in international solidarity with Ngäbe-Buglé Peoples in the same way that we support Indigenous People’s autonomy and recognition in Canada – the land of over 600 First Nations, Inuit and Métis. Canada too is on stolen land and most of our economy is dependent on the exploitation of natural resources with little to no regard by governments and companies of what this means for Indigenous Peoples, Nature, The Constitution, Treaty Agreements, and the cosmic visions of life.

Toronto’s International Women’s Day March

On March 11, a group of 10 Panamanians and their friends rallied and marched with signs in solidarity with Ngäbe-Buglé Peoples’ struggles among a wave of 10,000 people. While many Canadians are aware of Indigenous issues in Turtle Island, many have never even heard of Ngäbe-Buglé Peoples. Most Canadians associate Panama with a beach holiday vacation, the Canal, Noriega, and many just have no idea where or what Panama is. We marched with a wider group of Abya Yala organizations including Mujer and the Latin American and Caribbean Solidarity Network, and connected with activists against the Dakota Access Pipeline and Mapuche women from the Women’s Coordinating Committee for a Free Wallmapu. Through this organizing process, we had the honour of connecting with Ricardo Miranda of the cultural community of Kiad located in the Ngäbe-Buglé reserve, and the leader of the liberation movement, Movimiento 10 de Abril, who supported our efforts and fueled us forward. We received positive responses on social media from a number of people including Canadians, Indigenous and non-Indigenous Panamanians. This exercise was a form of interruption to start generating radical consciousness among friends and ourselves but most importantly, we wanted to show support to the movements protecting the Tabasará River.

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Our message to those reading this blog entry is this:

We encourage you to forge solidarities in struggles with peoples in different parts of the world in the same ways that it was done during the struggle against apartheid in South Africa. Fostering transnational solidarities is not new framework for systemic change; it has been practiced time and time again. Just think about the international impact of Tahir Square and the Occupy movement. It is within collectivities and mass movements that we can find collective voices, validation, optimism, hope and strength. We cannot expect governments to bring out meaningful change that mass movements can achieve through mobilization because “solo el pueblo salva al pueblo!”

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I urge Panamanians in Canada and in the United States to stand in solidarity with Ngäbe-Buglé Peoples who fight, protect and care for Madre Tierra that has given life to our ancestors, communities and families. With the same spirit that we support the efforts of Indigenous movements that mobilize(d) around the Missing and Murdered Indigenous Women, Idle No More, Truth and Reconciliation efforts, and Standing Rock, we have a collective responsibility to Ngäbe-Buglé Peoples as guardians of our homeland. Labouring for change, equality and recognition beyond the confines of a colonial state cannot be left in the hands of Indigenous Peoples alone. You too have a meaning role to play. Vamos!

El pueblo Ngäbe is in our hearts. We must build bridges not dam walls!

Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos!

Urracá Vive!

Boletin Somos una América N°12

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Editorial:

Desde Chile compartimos un recorrido histórico y legal de la apropiación del agua para la producción de energía hidroeléctrica en todo el territorio nacional exponiendo los atentados a la vida resultado de la agenda extractivista del gobierno con proyectos hidroeléctricos como los del valle de Elicura y la constante Persecución política a presos políticos  Mapuche.

Los pueblos del Abya Yala nos comparten su ejercicio de participación a través de marchas para proteger su territorio. Las comunidades del norte de Chile alzan su voz de rechazo a las medidas del gobierno respecto al proyecto Planta de sulfato de cobre Pentahidratado, de la Minera Delfín, en la gran Cuenca del salar de Atacama; Y en costa Rica la coordinadora norte de Tierra y Libertad junto a organizaciones de la comunidad de Upala también alzaron su voz de protesta exigiendo claridad sobre la responsabilidad de los proyectos hidroeléctricos Canalete y Bijagua en la emergencia provocada por el huracán Otto.

Desde honduras les hermanes del COPINH alzan su voz orgullosa de 4 años resistiendo a los proyectos hidroeléctricos de DESA, y a la falta de voluntad de estado para dar justicia a los verdaderos criminales. Recordando la Impunidad de Berta Cáceres por parte del ministerio público de honduras y la violación a los derechos de las víctimas en múltiples ocasiones, su mandato es que podrán morir los cuerpos, pero las no ideas.

Desde la memoria se emprenden las luchas por la dignidad, y urge en todo el continente romper el sesgo académico, político y cotidiano hacia las voces que han históricamente y sistemáticamente silenciadas, es urgente fortalecer mecanismos de participación popular y de participación de la sociedad civil que es la agente del cambio. Desde Colombia con la angustia de volver a repetir la historia del genocidio, se alza una voz que propone fortalecer la cadena de afectos, una voz de alerta ante el nuevo silenciamiento de las semillas de paz, que en el pos-acuerdo juegan un papel protagónico en la construcción de un nuevo país.

Desde el foro internacional de consulta previa, consentimiento previo, libre e informado, materializado por la mesa de concertación con los pueblos indígenas de Colombia, se alzan las voces silenciadas de los pueblos originarios quienes exigen tener como prioridad el Buen Vivir para hacer real una alternativa al desarrollo y no un desarrollo alternativo.

Las voces silenciadas exigen sus derechos. Resaltamos la importancia de los mecanismos de participación y proposición de todos los actores, sobre todo, de quienes conocen y habitan los territorios. Desde Canadá celebramos la acción de panameñas y panameños en la celebración del día de la mujer, y nos unimos a las voces de celebración de Panamá con la prohibición de Minería a cielo abierto en Áreas protegidas de todo territorio nacional; y del salvador: por lo logrado, desde la lucha del pulgarcito de América a partir de la cual la asamblea legislativa de este país aprobó la Ley de prohibición de Minería Metálica en todo el territorio nacional; y a la victoria.

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Megaproyectos hidroeléctricos: ríos de Chile bajo amenaza

Por: Jens Benöhr Riveros y Tomás González Astorga

Chile es una tierra de ríos. A lo largo de su accidentada geografía, los glaciares y la lluvia alimentan innumerables esteros, que luego convergen en riachuelos y finalmente conforman los grandes ríos que serpentean desde la cordillera hasta la costa del Pacífico. Debido a lo angosto del territorio y a lo abrupto del relieve, estos ríos suelen ser de corto recorrido, pero muy torrentosos. Para muchos, esta condición representa un potencial energético que, sin duda, debe ser aprovechado. Les será familiar la vieja frase “el agua de los ríos se pierde en el mar”. Es bajo esta concepción que desde hace décadas se ha implementado una política energética fundamentada en el uso de la hidroelectricidad como principal fuente generadora alternativa a los hidrocarburos. Sin embargo, tanto para el pueblo mapuche, quienes ven en los ríos el hogar de espíritus y criaturas vitales para la continuidad de la vida, como para quienes nos declaramos arraigados a nuestra tierra, esta política energética somete la identidad cultural y la estabilidad ecosistémica de una gran parte de Chile, principalmente de la zona centro sur y la Patagonia. Read more

Nuevos desplazamientos genera el proyecto Hidroituango en el Municipio de Toledo Antioquia

Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en tramite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa.  Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona. 
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria  aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren  allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite  ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior. 

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza