El derecho al consentimiento garantiza la permanencia en el territorio

“Los 40cm de profundidad que reconocen del territorio ni siquiera alcanza para que nos entierren.”

Eduardo Paki Kumimarima, Autoridad Tradicional del Pueblo Muinane.

Por Borojó, miembro honorario del Colectivo Agrario Abya Yala

Los derechos que protegen a los pueblos indígenas en Colombia existen porque ellos mismos los han luchado a través de vías de hecho y de una movilización activa. Las garantías que hoy tienen los grupos étnicos las han conseguido a pulso, aún después de haber buscado su exterminio desde 1492 por los colonizadores y de haber sido desarraigados de sus culturas, territorios e identidades. Los pueblos originarios que permanecen dignos en los territorios del Abya Yala, en este país llamado Colombia; han resistido 525 años de expoliación de sus territorios, de la explotación de sus vidas y han sufrido en los términos occidentales de la violación sistemática de los derechos que se han reconocido en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones sobre pueblos indígenas de la ONU y de las Américas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política por nombrar los más relevantes. Read more

Nuevos desplazamientos genera el proyecto Hidroituango en el Municipio de Toledo Antioquia

Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en tramite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa.  Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona. 
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria  aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren  allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite  ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior. 

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza

COLOMBIA ¿Cómo avanza la implementación en el Nororiente del Cauca?

La Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI durante la primera semana del mes de enero realizó una visita de monitoreo y verificación a la ZVTN Zona Veredal Transitoria de Normalización de Pueblo Nuevo en el municipio de Caldono, alertando sobre el lento proceso en el que avanza la construcción de las instalaciones. Ademas alertar de las amenazas paramilitares sobre la región así como también denunciar la muerte del comunero Olmedo Pito, miembro del Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas y de Marcha Patriótica Read more

Legislación de acceso a la tierra en Colombia. Colectivo Agrario Abya Yala (2016)

En Colombia el conflicto armado así como su solución política y la construcción de paz, están estrechamente vinculados a la situación de la propiedad de la tierra y al desarrollo rural. A pesar de la expedición de una profusa normatividad dirigida al desarrollo de la función social y ecológica de la propiedad, así como normas de reforma agraria y restitución de tierras, en la práctica estas no han tenido una aplicación efectiva. La legislación agraria en Colombia es una amalgama de intereses de fuerzas políticas y sociales, en la cual se evidencia la pugna entre los sectores terratenientes tradicionales que buscan el mantenimiento del estatus quo.  Read more

Amenaza contra la vida del líder indígena Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas)

Solicitud urgente de académicos comprometidos con las luchas de los

Pueblos Ancestrales de Colombia

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Carrera 8 No. 7-26

Palacio de Nariño

Bogotá, Colombia

Néstor Humberto Martínez

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01

Bogotá, Colombia

 

   

 

Su Excelencia Presidente Santos:

Señor Fiscal General Martínez:

 

Re:  Amenaza contra la vida del líder indígena Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas)

 

Nosotros los académicos abajo firmantes les escribimos para exigir su pronta intervención con fines de proteger y garantizar la vida del líder Indígena Héctor Jaime Vinasco, exGobernador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas), e integrante de varios proyectos de investigación académica sobre los derechos de los Pueblos Étnicos. Read more

Colombia: La locomotora minera y su vagón de agua

“el nuevo siglo recibe al campesinado con la expulsión hacia la frontera agrícola, esta vez en nombre del agua”  Por: Guatila de los Andes –  Colectivo Agrario Abya Yala

hidrosogamosoA 2018 el Gobierno Santos tiene presupuestado realizar al menos ocho proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Tolima y Huila. Read more

¡Señores de la guerra su tiempo se acabó, El amanecer será la vida!

 “Contra la muerte, coros de alegría” (Porfirio Barba Jacob) Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla” (Consigna popular)

En febrero del presente año, la denominada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada desde la mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP y compuesta por reconocidos investigadores y académicos de distintas vertientes políticas, presentó el informe final de un ejercicio relámpago que indagó por las causas del conflicto armado y las condiciones para su prolongación. Read more

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