CUENTOS PARA ORDENAR EL PENSAMIENTO Y DEFENDER EL TERRITORIO

Presentamos cartilla del Colectivo Agrario Abya Yala de Colombia, Cuentos para Ordenar el Pensamiento y Defender el Territorio, propuesta para la  hacer educación popular en comunidades rurales. Encuentra en los contenidos un debate creativo sobre los conceptos de “Desarrollo”, “Ordenamieto Territorial” y “Defensa del Territorio”.
 

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Colombia: Se germinan historias, se cultivan mundos: Cabrera un pueblo guerrero que defiende nuestra naturaleza

Fotografía portada: El Oso, Toma cultural en casco urbano en Cabrera pre consulta. Febrero de 2017

Laura Daniela Cifuentes

Daniela Sierra Navarrete

María Fernanda Ríos

Equipo Colombiano en Investigación en Conflicto y Paz – ECICP

TERREPAZ

Muchos caminos de encuentros y rupturas nos permitieron llegar al Municipio de Cabrera, perteneciente al departamento de Cundinamarca, lugar históricamente reconocido por su pujante y luchadora población que, a lo largo del tiempo, ha tenido que enfrentarse a diversos conflictos enmarcados en las luchas campesinas y de sus resistencias. Hoy en día, conservando la herencia de resistencia de los hijos y las hijas de Juan de la Cruz Varela, la lucha se materializa en la firmeza de la negación al proyecto de la Hidroeléctrica El Paso, proyecto coherente con las lógicas de la maquinaria capitalista y la supuesta única vía de desarrollo y progreso para la nación.

El municipio de Cabrera se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos, concretamente en la gran cuenca del río Sumapaz. Este municipio hace parte del páramo de Sumapaz –considerado como el más importante y extenso de Colombia y el mundo– y está localizada en área divisoria de aguas –que por la vertiente oriental de la cordillera transcurren hacia la cuenca del río Orinoco, y por la vertiente occidental hacia la cuenca del río Magdalena–, lo que hace de este un territorio estratégico por su abundancia hídrica. Limita al norte con los municipios de Venecia y San Bernardo, al sur con los departamentos del Huila, Tolima y Meta, al oriente con Bogotá y Meta y al occidente con el departamento del Tolima.

Si bien la jurisdicción y distribución político administrativa lo contempla como un municipio, mediante la resolución 046 del 7 de noviembre del 2000, se proclama como Zona de Reserva Campesina, contemplando una extensión de 44.000 hectáreas y una población aproximada de 9300 personas (Incoder, 2015).

La ZRC de Cabrera encarna en su constitución, la larga y tradicional lucha del campesinado colombiano que en aras de una reforma agraria integral que procure la mejora ambiental, económica, política, social y cultural del campo, apuesta por la búsqueda de garantías para el buen vivir. Así, la historia de lucha se remonta a comienzos de la segunda década del siglo XX. En la defensa de dichas reivindicaciones, el papel del campesinado de la provincia de Sumapaz ha sido notable. Desde la segunda década del siglo XX, este ha dado muestras de su capacidad organizativa y movilizadora, el movimiento campesino encabezado por Eufrosina Molina en contra de la titulación de tierras a latifundistas que ni siquiera las habían ocupado, y que declaró el año 1916 como “año de sublevación contra los latifundistas” constituyó una primera muestra de ello. Las ligas campesinas de los años veintes y treintas (Mondragón, 2002) y el sólido proceso de organización agraria encabezado por Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia de la mano inicialmente de la organización de colonias agrarias (Palacios, 2011) y posteriormente, de la resistencia a los desmanes de la policía chulavita, son dos ejemplos más que destacables (SINPEAGRICUN, ILSA, & INCODER, 2010, pág. 42).

Toda la herencia de lucha agraria del siglo pasado, se conserva en la memoria del campesinado y sus tierras, quienes encontraron en la ZRC una plataforma al reconocimiento de sus luchas. El legado histórico de organización campesina sumado a la ubicación de la reserva en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural del Sumapaz como una zona estratégica de cuidado de ecosistema, fueron parte de los argumentos consolidados para la constitución de la ZRC.

Este municipio, de lucha agraria, ha sido contemplado dentro del proyecto minero energético El Paso de la multinacional Emgesa-Enel. Dicho proyecto fue de conocimiento público en el año 2008, cuando Emgesa-Enel manifestó su pretensión de construir 14 microcentrales eléctricas y un embalse sobre la cuenca del rio Sumapaz, afectando directamente la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, y los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi en Cundinamarca, he Icononzo en el departamento del Tolima. Sin embargo, la propuesta de un embalse en la vereda la Unión (ubicada en ecosistema de páramo, además de punto de confluencia de los ríos Sumapaz, El Pilar y San Juan, y frontera entre la localidad 20 de Bogotá y el municipio de Cabrera) prendió las alarmas entre los pobladores de la región, obligando a la empresa a replantear el proyecto en el año 2012. Esta nueva propuesta eliminó la construcción de dicho embalse, apostándole únicamente a la construcción de ocho microcentrales eléctricas a filo de agua en un área de 50 kilómetros a lo largo del rio Sumapaz, entre la desembocadura del río San Juan y la quebrada Las Lajas. No obstante el nuevo proyecto seguía sin corresponder con las necesidades y apuestas territoriales de la población de la zona de Reserva Campesina de Cabrera y de los campesinos y campesinas de los municipios directamente afectados.

No hay que dejar de mencionar que Emgesa-Enel no ha presentado oportunamente los documentos que sustentan dicho proyecto ni los estudios de impacto ambiental que exige la Ley, declarando falazmente ante medios de comunicación, su socialización con la comunidad y el respaldo por parte de esta. Y que además es la responsable del infame proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Esto sin contar con que los planes de Emgesa irían en contravía con lo que ellos han planeado construir desde que fueron decretados como Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el 2000. “Cabrera tiene una bitácora que es el Plan de Desarrollo Sostenible, donde las comunidades, de manera concertada, plasman para dónde quieren ir. El nuestro tiene unos ejes principales, entre ellos el ambiental, en el que no hay nada relacionado con la generación de energía”, afirma Paola Bolaños, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina y líder popular de la ZRC. Otro de los desafíos ambientales que tendría este proyecto está relacionado con los impactos de construir túneles en zonas frágiles.

Aunque con el modelo de las microcentrales se toma agua del río en un sitio para depositarla más adelante, lo que disminuye el impacto ambiental. Para Héctor Salazar, concejal del municipio de Cabrera, el hecho de estar tan cerca del páramo implica que el área es muy vulnerable a cualquier intervención: “Con el sistema de filo de agua del que habla Emgesa hay que desviar el cauce del río por unas tuberías para generar energía. Tememos que esto afecte el comportamiento del río o la misma temperatura de la zona”.

Y aunque Emgesa afirma que esta última reestructuración del proyecto se dio a finales del año pasado, a raíz de nuevos estudios que buscan ser más sostenibles en términos de recursos naturales, los cabrerunos manifiestan haber sido notificados de este cambio sólo diez días antes de la consulta. Sin embargo, este hecho que no los detuvo para realizar la consulta popular, pues temían que se tratara de una estrategia para entorpecer la convocatoria a votar en contra del proyecto.

Es tal la oposición a que dicho proyecto se lleve a cabo, que en el 2012 se reunieron centenares de personas en el municipio de Cabrera para asistir al “Foro en defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio”, donde declararon su negativa al desarrollo de este proyecto y discutieron las estrategias para consolidar la vocación agrícola y la cultura campesina de la población de esta región. Así mismo a comienzos del 2016 se realizó un Cabildo Abierto por iniciativa del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y las autoridades municipales, con el fin de manifestarle a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) su oposición a la construcción de dicha hidroeléctrica. A pesar de que el evento fue ampliamente difundido y su asistencia masiva, dichas autoridades estatales y regionales no se presentaron al evento.

Cabildo abierto por defensa del territorio en casco urbano de Cabrera. 2016. Fotografía: Lorena Cruz

Estos espacios de encuentro y deliberación, sumándose ahora la consulta popular realizada el pasado 26 de febrero, deja claro que ningún proyecto minero energético es bienvenido en este territorio consagrado a la economía campesina y la sostenibilidad ambiental, como bien ha sido consagrado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 y muchos otros documentos propios de la Zona de Reserva Campesina.

Como era de esperarse, el pasado 26 de febrero los campesinos y campesinas del municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca salieron a votar masivamente a la consulta popular y le dijeron a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?”. Fueron en total 1.506 votos de los cuales 1.465 fueron por el NO, 23 por el SÍ, 5 nulos y 13 no marcados.

Votaciones Consulta Popular Cabrera 26 de febrero de 2017

Este hecho histórico en el cual una ZRC mediante una consulta popular logra frenar la entrada de una multinacional para explotación de recursos hídricos logró consolidar una experiencia que hoy se empieza a replicar en la EcoRegión del Sumapaz. El municipio de Arbeláez y Pasca están en proceso de consulta para frenar la implementación de explotación petrolera e hídrica.  Este escenario de defensa del territorio plantea una necesidad urgente, la búsqueda de caminos jurídicos que permitan blindar las decisiones autónomas que han tomados las organizaciones campesinas para hacer un ordenamiento comunitario del territorio en defensa de la vida y la naturaleza. Pero dichos caminos deben ser cuidadosamente implementados pues sería nefasto no tener una correlación de fuerzas positiva en un escenario de consulta popular que terminara por validar la entrada del capital privado extranjero para ordenar las vocaciones productivas de una región que ha sido históricamente agraria y pecuaria.

Esto sumando al intento de deslegitimación, de una decisión popular, que ha intentado hacer el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energías para el caso de Cajamarca y su NO rotundo a la explotación minera de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti plantean varias preguntas para las organizaciones sociales y los defensores de la naturaleza ¿pueden estos mecanismos frenar la inversión minero energética en nuestros territorios? Más cuando están en trámite un par de consultas más frente a la exploración y extracción de petróleo y fracking. Las voluntades populares llevadas a las urnas en un ejercicio de democracia directa deben además ser refrendadas y apoyadas por los mandatarios locales; son los alcaldes los encargados de validar mediante decretos la voluntad de los votantes, es decir, que como mandatarios elegidos por un ejercicio de representatividad están en la obligación de poner su voluntad política en disposición de dichos mecanismos.

Frente a estos procesos de defensa territorial, la articulación regional de las experiencias organizativas campesinas e incluso de los sectores que no han estado organizados, es fundamental generar movimientos amplios por la defensa de la vida y la naturaleza y más en el escenario actual de posacuerdo en el cual las empresas multinacionales de explotación minero energética entrarán determinan una parte significativa de la inversión privada.

El derecho al consentimiento garantiza la permanencia en el territorio

“Los 40cm de profundidad que reconocen del territorio ni siquiera alcanza para que nos entierren.”

Eduardo Paki Kumimarima, Autoridad Tradicional del Pueblo Muinane.

Por Borojó, miembro honorario del Colectivo Agrario Abya Yala

Los derechos que protegen a los pueblos indígenas en Colombia existen porque ellos mismos los han luchado a través de vías de hecho y de una movilización activa. Las garantías que hoy tienen los grupos étnicos las han conseguido a pulso, aún después de haber buscado su exterminio desde 1492 por los colonizadores y de haber sido desarraigados de sus culturas, territorios e identidades. Los pueblos originarios que permanecen dignos en los territorios del Abya Yala, en este país llamado Colombia; han resistido 525 años de expoliación de sus territorios, de la explotación de sus vidas y han sufrido en los términos occidentales de la violación sistemática de los derechos que se han reconocido en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones sobre pueblos indígenas de la ONU y de las Américas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política por nombrar los más relevantes. Read more

Nuevos desplazamientos genera el proyecto Hidroituango en el Municipio de Toledo Antioquia

Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en tramite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa.  Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona. 
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria  aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren  allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite  ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior. 

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza

COLOMBIA ¿Cómo avanza la implementación en el Nororiente del Cauca?

La Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas CONPI durante la primera semana del mes de enero realizó una visita de monitoreo y verificación a la ZVTN Zona Veredal Transitoria de Normalización de Pueblo Nuevo en el municipio de Caldono, alertando sobre el lento proceso en el que avanza la construcción de las instalaciones. Ademas alertar de las amenazas paramilitares sobre la región así como también denunciar la muerte del comunero Olmedo Pito, miembro del Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas y de Marcha Patriótica Read more

Legislación de acceso a la tierra en Colombia. Colectivo Agrario Abya Yala (2016)

En Colombia el conflicto armado así como su solución política y la construcción de paz, están estrechamente vinculados a la situación de la propiedad de la tierra y al desarrollo rural. A pesar de la expedición de una profusa normatividad dirigida al desarrollo de la función social y ecológica de la propiedad, así como normas de reforma agraria y restitución de tierras, en la práctica estas no han tenido una aplicación efectiva. La legislación agraria en Colombia es una amalgama de intereses de fuerzas políticas y sociales, en la cual se evidencia la pugna entre los sectores terratenientes tradicionales que buscan el mantenimiento del estatus quo.  Read more

Amenaza contra la vida del líder indígena Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas)

Solicitud urgente de académicos comprometidos con las luchas de los

Pueblos Ancestrales de Colombia

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Carrera 8 No. 7-26

Palacio de Nariño

Bogotá, Colombia

Néstor Humberto Martínez

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01

Bogotá, Colombia

 

   

 

Su Excelencia Presidente Santos:

Señor Fiscal General Martínez:

 

Re:  Amenaza contra la vida del líder indígena Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas)

 

Nosotros los académicos abajo firmantes les escribimos para exigir su pronta intervención con fines de proteger y garantizar la vida del líder Indígena Héctor Jaime Vinasco, exGobernador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas), e integrante de varios proyectos de investigación académica sobre los derechos de los Pueblos Étnicos. Read more

Colombia: La locomotora minera y su vagón de agua

“el nuevo siglo recibe al campesinado con la expulsión hacia la frontera agrícola, esta vez en nombre del agua”  Por: Guatila de los Andes –  Colectivo Agrario Abya Yala

hidrosogamosoA 2018 el Gobierno Santos tiene presupuestado realizar al menos ocho proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Tolima y Huila. Read more