RESISTENCIA Y BUEN VIVIR: LIBERANDO LA UME KIWE

Por:

Felipe Santamaría Ortiz
Nicolás Santamaría Ortiz
Grupo de trabajo Memoria Popular.

Es increíble que una mazorca de maíz genere tanto miedo en las altas esferas. Nos han dañado las cosechas, lloramos y volvemos a cortar y a sembrar. Y nos han vuelto a dañar las cosechas y hemos vuelto a llorar y vuelto a cortar y vuelto a sembrar. No tenemos afán y no tenemos miedo[1]

Cuenta una historia del sureste mexicano que una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en la que reina el tabaco y la palabra, el Viejo Antonio le dijo al Subcomandante Marcos: “elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque, si él crece, tú te harás pequeño”[2]. Es precisamente el miedo, el que hace al Gobierno “pequeño” y al pueblo Nasa, Grande, porque ellos no tienen miedo. “No descansaremos hasta verla en Libertad”, le juran a la Madre Tierra sus guerreros Nasa y han achicado su miedo con sangre, sudor y lágrimas, enterrando a sus muertos, porque, al igual que en el sureste mexicano, “los indígenas achican su miedo para hacerse grandes, y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores.” Read more

EL MERCADO VERDE DENTRO DEL CONFLICTO POR LA TIERRA EN COLOMBIA / TRABAJO DE GRADO

Sobre los sistemas políticos y económicos: “Es el ladrón que sin esconderse enarbola con una arrogante ostentación el emblema de su firma, hecha con mano baja, sobre lo que pertenece, no a un tal, ni a un cual en particular, sino a todos: La tierra, el agua, el silencio, la luz – matando así a largo plazo, una parte de la humanidad; pero él, cuyos vestidos y vocabulario lo distinguen honorablemente de los vulgares malhechores, puede gozar así de impunidad. Solo de tiempo en tiempo la justicia lo señala con el dedo, cuando la imprudencia cometida es tan grande, como cuando se desmorona contra un acantilado un petrolero gigante, o envenenan los ríos con sus productos tóxicos, o esteriliza campos extensos. Pero por el contrario con un mínimo de riesgos a pequeñas dosis puede envenenar el aire, la napa freática, el suelo, obstruir el ciclo, terminar las selvas marfileñas o la amazónica, ahogar la vida o tomar en secuestre a sus conciudadanos”(1) 

Claude Julien

Por Achiote Colectiva Agraria Abya Yala, 2009

Presentación.

El presente texto invita a contextualizar, evaluar y ver en perspectiva los retos que presenta la experiencia del Mercado Verde, una propuesta que desde la Agroecología hace frente a los múltiples conflictos a los que se ven enfrentadas las economías campesinas en Colombia. A partir de la experiencia de apoyo, durante el semestre II-2009 (2),  a los procesos de organización campesina, local, regional y nacional que convergen en  el Mercado Verde y su respaldo institucional desde Corantioquia (3) en Medellín, se intentará “dibujar” parte de las dinámicas que hacen que el conflicto histórico por el control de la Tierra revele a los pueblos de Colombia, un país con gran potencial agropecuario, como victimas de los altos niveles de explotación que plantea la organización mundial y formas de producción de alimentos hoy concentrada en grandes cadenas que buscan acaparar   su oferta como forma de control de precios. En el país podemos ver cadenas como el EXITO, hoy en manos de capital francés, que compran previamente las cosechas (6 meses), permitiéndose especular con los precios futuros de los alimentos concentrando una gran cantidad en inventario. Convidamos a entrelazar una mirada ecológica a las problemáticas sociales y a entender las dinámicas territoriales como ejes transversales en la exposición, entendiendo por ejemplo el destierro (desplazamiento forzado), los megaproyectos de infraestructura, la proyección de los Agro-negocios (4) o el conflicto armado, como expresiones propias de una pugna por el ejercicio de poder territorial en Colombia.

Con los procesos de colonización europeos de Abya Yala (5), hoy mas conocido como América se configura la propiedad privada de la tierra como elemento constructor y de planeación de los territorios conquistados. El conflicto por la propiedad  de la tierra (6) y la exclusión en su momento de indígenas, la llegada del negro africano y sus prácticas culturales-territoriales así como las concepciones españolas de campesinos desposeídos y llegados al “nuevo mundo” articulan hoy en un proceso de lucha de mas de 500 años por el reconocimiento de derechos: Autonomía, Territorio e Identidad; en Colombia son notorios las pugnas indígenas, afrocolombianas y campesinas por la permanencia en el territorio y la demanda de reafirmación cultural a través del respeto y promoción de economías que lo garanticen.(7)

En un escenario de múltiples violencias y convergentes conflictos (armado, social y político, ecológico)  gran parte de los productores agropecuarios (indígenas, negros o campesinos) fueron desterrados y desplazados a la ciudad. Según el Censo General de 2005 el 74 % de los aproximadamente 43 millones de colombianos vive en zonas urbanas. En los últimos 4 años la situación de destierro se ha agudizado(8) Esta situación lleva  a la pregunta ¿Quién produce los alimentos para los colombianos? La situación es preocupante: “las exportaciones de productos agropecuarios en 2008 fueron 528.000 toneladas menos que en 2005 y la balanza comercial agrícola – en toneladas- registró el peor saldo de la historia: un negativo de 5,27 millones, fruto de exportar 4,53 millones toneladas e importar 9,8 millones; el comercio exterior en dólares en 2008 registró el más bajo superávit desde 2002, cerca de 900 millones de dólares frente a 2.200 que fue el de 2005”(9)

Descarga el documento completo aquí https://drive.google.com/file/d/0Bw-MOvfKpyAnSXNqYld4U0I1ZVE/view?usp=sharing

Ver página del proceso en: http://mercadosjustosorganicos.blogspot.com.co/

Notas:

(1) Claude Julien, Director de Le Monde diplomatique en su artículo “El Planeta dentro de un Costal” En GOMEZ, Lilliam (2001) “Anotaciones para el manejo ambiental en ciertos ecosistemas”. Circulo Cromático. (2) Como estudiante de Economía de la Universidad Nacional Sede Bogotá se acompaño el  proceso del Mercado Verde en marco de lo que se denominó como trabajo de grado “Impactos en las economías regionales del programa de Mercados Justos de Corantioquia”. (3) Corantioquia: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Institución Estatal creada a partir de la ley 99 de 1993. En su objeto reza: “Nos ocupamos de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”. Ver www.corantioquia.gov.co (4) Hago referencia en la actualidad a monocultivos como el de la palma aceitera o la caña de azúcar y panelera para la obtención de Agrocombustibles que evidencia los impactos del modelo histórico agroexportador que caracteriza la política estatal agropecuaria para Colombia. La relación control territorial-violencia e implantación del monocultivo en el caso de la palma aceitera se puede ver en CENSAT (2007) “AGROCOMBUSTIBLES llenando tanques vaciando territorios”. (Descarga http://www.censat.org/bd/publicaciones/Agrocombustibles.7)   En cada momento histórico la apuesta agropecuaria en Colombia ha pasado por producir a gran escala en miras de la exportación por ejemplo Tabaco o Quina en el siglo XIX y  Café o la Ganadería en el Siglo XX. Ver MACHADO Absalon. (2002) De la estructura agraria al sistema Agroindustrial. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. (5) Concepto del pueblo Kuna (Panamá-Colombia)”Tierra en plena madurez” Asimilado a nuestros conceptos como un continente plenamente formado e integrado a dinámicas espirituales, comerciales y políticas propias que existían antes de la llegada del invasor Europeo. Hoy los pueblos de Amerindia se re-encuentran. Ver por ejemplo,  “El Concejo de las trece abuelas indígenas” (http://www.arboledadegaia.es/)(6) Ver la obra de Antonio García alrededor del concepto de “Latifundio como constelación Social” en “Sociología de la Reforma Agraria”  o  en “Historia de la cuestión agraria en Colombia” de la obra de Orlando Fals Borda.(7) Ver por ejemplo los procesos del CRIC (Concejo Regional de Indígenas del Cauca http://www.cric-colombia.org), el PCN (Proceso de Comunidades Negras http://www.renacientes.org) y las apuestas de las Asociaciones Campesinas en Territorio Colombiano (www.prensarural.org).(8) Ver CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. (http://www.codhes.org/)

(9) SUÁREZ, Aurelio (2009) “Los verdaderos datos del campo” (http://alainet.org/active/34448&lang=es)

Colombia: Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ para implementación de los acuerdos de la Habana.

Propuestas Coordinación Étnica Nacional de Paz -CENPAZ

para implementación de los acuerdos de la Habana.

(Documento en permanente construcción y retroalimentación)

Porque la Naturaleza me ha educado, como educó las aves del bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se preparan sabiamente para construir sus casuchitas, sin maestro. Y me cantaban las aves. Y la misma naturaleza me acariciaba y me regaba con flores, hojas y gotas de rocío, cuando recibía el beso maternal de mi madre, que en paz descanse.” 
Manuel Quintín Lame Chantre


La Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) es una confluencia de Pureblos, Autoridades y organizaciones étnico territoriales del orden nacional, regional y local que articulan con el objetivo de generar propuestas para la construcción de paz en nuestros territorios que están pensadas para construir en conjunto con el campesinado, los movimientos sociales y el pueblo Colombiano.

 
Las organizaciones que hacen parte de CENPAZ, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrocolombianas (CONAFRO), Comunidades Construyendo Paz desde los Territorios (CONPAZ), la Asociación de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombvia (WOWNDECO)la Asociación Sindical del Magisterio Quibdoseño y Chocuano (MASEAQCH), la Federación de Pequeños y Medianos Mineros del Chocó (FEDEMICHOCÓ), así como los Capítulos Regionales de CENPAZ y sus organizaciones territoriales, construimos en conjunto con otras organizaciones afrocolombianas e indígenas que convergen en la Comisión Étnica de Paz para la Defensa de los Derechos Territoriales el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Hoy como CENPAZ hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos que creó el acuerdo para dar impulso y seguimiento al proceso de implementación de lo pactado asegurando el enfoque étnico territorial en permanente dialogo y generación de propuestas ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y ante las las instituciones estatales encargadas de dar cumplimiento a lo acordado. 

El presente documento recoge una serie de propuestas mínimas para la implementación de cada punto y subpunto de los acuerdos de la Habana elaborado entre marzo y abril de 2017 que se desarrollaron a partir de los principios de salvaguardar los derechos étnicos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades negras del país, que reconocemos han sido conquistados en la movilización social y no prevendas del Estado, y rescatando los escenarios que se ganaron con el enfoque étnico en los acuerdos de la Habana en especial lo consagrado en el numeral 6.2 (El Capítulo Étnico) del acuerdo final donde de reafirma la transversalidad activa en toda la implementación proyectada en los territorios de los pueblos étnicos del país. 

El documento recoge desde propuestas de articulación de la nueva institucionalidad que crea el acuerdo para la construcción de paz en un diálogo horizontal y permanente con las autorizadas de los pueblos étnicos y las comunidades en sus territorios hasta disputas conceptuales y epistemológicas con el acuerdo de Paz que evidencian la necesaria articulación de la diversidad Étnica y Cultural de los pueblos originarios, Rrom y negros del país y sus cosmogonías, usos y costumbres.

Finalmente diremos que el documento está escrito en función del documento pactado en la Habana y no en las interpretaciones normativas y políticas que en escenarios como el Congreso e la República, el diseño institucional que viene desarrollando el Gobierno Nacional o las intenciones de la Fiscalía General de la Nación que abiertamente quieren reinterpretar los elementos de cambios estructurales que pueden presentarse con la implementación de lo acordado y romper la histórica demagogia de las élites colombianas que mienten cada 4 años bajo el principio de que “todo cambie para que nada cambie”. En tal razón en este documento no desarrollamos nuestras propuestas y consideraciones en relación con el desarrollo legislativo del acuerdo en marco del FAST TRACK que se tratarán en otro texto y que incluyen las consideraciones en relación con los proyectos de ley que se han tramitado y tramitan en el Congreso de la República, sobre los Decretos Presidenciales sancionados y nuestras intervenciones ante la Corte Constitucional en la revisión consagrada en el acuerdo.

Bakata, Agosto de 2017

Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ

Descarga el documento completo acáhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzQ0YTI7sGkfWXZiMkxfRFdvX0U?usp=sharing

 

10.000 millones de años después del amanecer de la humanidad

 

COLOMBIA Colectiva Agraria Abya Yala

10.000 millones de años después del amanecer de la humanidad. Año 1439 en el calendario gregoriano, 4.553 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Icha Siguasinza, mujer muisca, se despierta 1 hora antes del crepúsculo a moler maíz para la comida del trabajo. El territorio es suyo, les ha costado muchas guerras. Los frutos de la tierra son de todos, todas, las semillas son infinitas como el conocimiento ancestral. Somos seres del maíz, dicen, y hay tantos maíces como seres en la tierra. El hambre es excepción de guerras y sequías.De las herencias[i]

Año 1.612 en el calendario gregoriano, 4726 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Herminia Cogua se levanta 2 horas por delante del crepúsculo. Muele el maíz para la comida de los terrajeros y amasa el trigo para el pan de los amos. Tiene el privilegio de vivir en la casa grande y servir a los señores Valencia. Las sabanas dejaron de ser de su pueblo, su territorio lo mutilaron, ahora le llaman resguardo y queda arriba, escalando montaña. Ha aprendido de Dios y la herejía de sus usanzas. Ella vive bien, su gente sufre hambre y trabajos que castigan el cuerpo y entristecen el alma.

Año 1.852 del calendario gregoriano, año 4.966 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Rosalba Mosquera se levanta con el crepúsculo. Reúne madera y prende la estufa. Pone a calentar agua para el primer tinto. Desagua la yuca para ponerla a cocer. Su esposo trabaja en el ingenio, sus hijos también desde los 12 años. Tiene miedo por ellos, desde la tarde de ayer el compadre Manuel está en el cepo, que por insurrecto, que por negro. Siente el frío colarse entre los huecos de la pared de barro de la cocina. Atrás tiene una pequeña huerta con un plátano, unas yucas y hierbas para la medicina y la sazón. Si tan sólo tuviera otro poco para sembrar como se debe. El hambre no existe, porque no se conoce nada distinto.

Año 1.933 del calendario gregoriano, 5.047 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Mariela Díaz Piracún se levanta una hora antes del crepúsculo a ordeñar. Tiene un hermano cultivo de papa y arveja. Este febrero cumplirán 2 años en la colonia y van a celebrar donde la comadre Magnolia. A buena hora llegó el doctor a decirnos que la tierra era de quien la trabaja, que no debíamos seguir trabajando en las haciendas por migajas, que podíamos limpiar monte y ser libres, vivir de nuestro trabajo. Pero le preocupa su esposo, los terratenientes dicen ser dueños de la tierra que pisan sus pies y como la justicia es para los de ruana, nunca se sabe. Ya son varios los encarcelados.

Año 1.954 gregoriano, 5.068 de la cuarta era de la gran cuenta larga. María Vásquez pasa la noche en vela y observa con nostalgia el crepúsculo. Está escondida con 20 familias más en la escuela veredal. Salieron del pueblo porque advirtieron que venían los pájaros a cometer las mismas atrocidades de la inspección vecina. Esperan la mañana para iniciar una nueva marcha con el estómago vacío. Atrás quedo su parcelita con el café sin cosechar ¿Qué pecado cometieron? ¿Por qué tanto odio? ¿Cuándo y dónde terminará esto? Siente orgullo por sus hijos, hablan y la gente los escucha, tan jóvenes se han hecho dirigentes. Pero la recorre un miedo cuando escucha hablar de las armas, de la necesidad de conseguirlas para defenderse.

Año 1973 del calendario gregoriano. 5.087 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Odilia Pascué se levanta con el crepúsculo encima. Sin bañarse se junta con sus comuneras para preparar las masas y la aguadepanela para la minga de siembra. Cómo ha cambiado la vida desde las tomas de tierra. Se ve comida, aun cuando les han tumbado mucha planta antes de la cosecha. El Gobierno les llama ilegales, les manda el Ejército, la Policía, pero la comunidad dice estar haciendo valer las normas del Estado y su derecho primero. Al final de la jornada vendrá una delegación de mestizos, de campesinos, para programar la próxima toma. Eso la entusiasma, le gustaría participar. Su hermano la motiva cuando viene del monte, tan educado que se ha vuelto, tan bien parecido que se ve.

Año 1.996 del calendario gregoriano. Año 5.110 de la cuarta era de la gran cuenta larga. Ana Cristina Méndez se levanta aún bajo el cobijo de la noche. Rinde dos huevos con harina, para el desayuno de sus hijos. En esas piensa en toda la plata que desperdició su marido como raspachín en épocas de bonanza. Esa misma que lo envolvió en los vicios y la vagabundería y se lo llevó una noche cualquiera de borrachos. Ya sola, fueron a buscarla y no tuvo otra que irse. Se desplazó cientos de kilómetros con sus hijos en búsqueda de una familiar lejana. Atrás quedó su parcela sin título. Ahora tiene un puesto de empanadas y aunque no tenga tierra, cuando ahorra alguna plata la invierte en siembra de ñame que luego vende entre sus vecinos. Le preocupa su hijo, el mayor, pronto se gradúa del bachillerato y ¿qué lo va a poner a hacer? Nunca ha pensado en volver.

Año 2017 del calendario gregoriano. Año 5 de la quinta era de la gran cuenta larga. Andrea puede ser bisnieta, nieta o hija de Icha, Herminia, Rosalba, Mariela u Odilia. También podía llamarse Katherine, Dayana o Carolina. Puede tener raíces indias o negras sin que se la haya pasado por la cabeza reconocerse como tal. Puede ser una campesina en proceso de descampenización viviendo en la ciudad donde cursa su universidad. Una ex miliciana que espera con angustia el devenir de esta paz, o una indígena de un pueblo en peligro de desaparición, sometido a la espera eterna de la ampliación de su resguardo. En cualquier caso, la implementación no les significará mayor cosa. Con lejanía escuchan de ella en las noticias como una política más de gobierno. Y como tal, desconfían, o simplemente no esperan nada.

Señores del mal gobierno. Ustedes son también herederos. Herederos de tradiciones políticas que han frustrado un proyecto de nación que integre nuestra diversidad. De prácticas que han desprovisto a toda una generación de expectativas de cambio. La firma de los Acuerdos y los diálogos en Quito significan para nosotros una posibilidad. Una posibilidad de despertar, de transición, de una mínima apertura de la democracia, de dignificar la política y el ejercicio del poder. Con mayor rigor del que podamos alcanzar, se ha expuesto aquí con suficiencia la tergiversación de los Acuerdos, la inconducencia de las normas proferidas para atender su espíritu, y el oportunismo del mal gobierno para incorporar su agenda, la de los poderosos, la de los menos, ahora con el pretexto de la paz. Condenamos con vehemencia esta conducta que es contraria en sí misma a la implementación. Advertimos que no se cosecha paz sembrando más injusticia, que esos palos ya están muy altos, y los pueblos nos hemos cansado de no esperar.

Celebrando con ustedes el año nuevo andino, Inti Raymi,

Colectivo Agrario Abya Yala.

(1) Ponencia de la Colectiva Agrario Abya Yala en la Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre “Implementación de la Reforma Rural Integral y el Plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito”, convocada por los y las congresistas populares Angela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Alberto Castilla e Iván Cepeda el 22 de junio de 2017.

FOTO: “Toro y Condor” Guayasamín

CUENTOS PARA ORDENAR EL PENSAMIENTO Y DEFENDER EL TERRITORIO

Presentamos cartilla del Colectivo Agrario Abya Yala de Colombia, Cuentos para Ordenar el Pensamiento y Defender el Territorio, propuesta para la  hacer educación popular en comunidades rurales. Encuentra en los contenidos un debate creativo sobre los conceptos de “Desarrollo”, “Ordenamieto Territorial” y “Defensa del Territorio”.
 

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Colombia: Se germinan historias, se cultivan mundos: Cabrera un pueblo guerrero que defiende nuestra naturaleza

Fotografía portada: El Oso, Toma cultural en casco urbano en Cabrera pre consulta. Febrero de 2017

Laura Daniela Cifuentes

Daniela Sierra Navarrete

María Fernanda Ríos

Equipo Colombiano en Investigación en Conflicto y Paz – ECICP

TERREPAZ

Muchos caminos de encuentros y rupturas nos permitieron llegar al Municipio de Cabrera, perteneciente al departamento de Cundinamarca, lugar históricamente reconocido por su pujante y luchadora población que, a lo largo del tiempo, ha tenido que enfrentarse a diversos conflictos enmarcados en las luchas campesinas y de sus resistencias. Hoy en día, conservando la herencia de resistencia de los hijos y las hijas de Juan de la Cruz Varela, la lucha se materializa en la firmeza de la negación al proyecto de la Hidroeléctrica El Paso, proyecto coherente con las lógicas de la maquinaria capitalista y la supuesta única vía de desarrollo y progreso para la nación.

El municipio de Cabrera se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos, concretamente en la gran cuenca del río Sumapaz. Este municipio hace parte del páramo de Sumapaz –considerado como el más importante y extenso de Colombia y el mundo– y está localizada en área divisoria de aguas –que por la vertiente oriental de la cordillera transcurren hacia la cuenca del río Orinoco, y por la vertiente occidental hacia la cuenca del río Magdalena–, lo que hace de este un territorio estratégico por su abundancia hídrica. Limita al norte con los municipios de Venecia y San Bernardo, al sur con los departamentos del Huila, Tolima y Meta, al oriente con Bogotá y Meta y al occidente con el departamento del Tolima.

Si bien la jurisdicción y distribución político administrativa lo contempla como un municipio, mediante la resolución 046 del 7 de noviembre del 2000, se proclama como Zona de Reserva Campesina, contemplando una extensión de 44.000 hectáreas y una población aproximada de 9300 personas (Incoder, 2015).

La ZRC de Cabrera encarna en su constitución, la larga y tradicional lucha del campesinado colombiano que en aras de una reforma agraria integral que procure la mejora ambiental, económica, política, social y cultural del campo, apuesta por la búsqueda de garantías para el buen vivir. Así, la historia de lucha se remonta a comienzos de la segunda década del siglo XX. En la defensa de dichas reivindicaciones, el papel del campesinado de la provincia de Sumapaz ha sido notable. Desde la segunda década del siglo XX, este ha dado muestras de su capacidad organizativa y movilizadora, el movimiento campesino encabezado por Eufrosina Molina en contra de la titulación de tierras a latifundistas que ni siquiera las habían ocupado, y que declaró el año 1916 como “año de sublevación contra los latifundistas” constituyó una primera muestra de ello. Las ligas campesinas de los años veintes y treintas (Mondragón, 2002) y el sólido proceso de organización agraria encabezado por Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia de la mano inicialmente de la organización de colonias agrarias (Palacios, 2011) y posteriormente, de la resistencia a los desmanes de la policía chulavita, son dos ejemplos más que destacables (SINPEAGRICUN, ILSA, & INCODER, 2010, pág. 42).

Toda la herencia de lucha agraria del siglo pasado, se conserva en la memoria del campesinado y sus tierras, quienes encontraron en la ZRC una plataforma al reconocimiento de sus luchas. El legado histórico de organización campesina sumado a la ubicación de la reserva en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural del Sumapaz como una zona estratégica de cuidado de ecosistema, fueron parte de los argumentos consolidados para la constitución de la ZRC.

Este municipio, de lucha agraria, ha sido contemplado dentro del proyecto minero energético El Paso de la multinacional Emgesa-Enel. Dicho proyecto fue de conocimiento público en el año 2008, cuando Emgesa-Enel manifestó su pretensión de construir 14 microcentrales eléctricas y un embalse sobre la cuenca del rio Sumapaz, afectando directamente la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, y los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi en Cundinamarca, he Icononzo en el departamento del Tolima. Sin embargo, la propuesta de un embalse en la vereda la Unión (ubicada en ecosistema de páramo, además de punto de confluencia de los ríos Sumapaz, El Pilar y San Juan, y frontera entre la localidad 20 de Bogotá y el municipio de Cabrera) prendió las alarmas entre los pobladores de la región, obligando a la empresa a replantear el proyecto en el año 2012. Esta nueva propuesta eliminó la construcción de dicho embalse, apostándole únicamente a la construcción de ocho microcentrales eléctricas a filo de agua en un área de 50 kilómetros a lo largo del rio Sumapaz, entre la desembocadura del río San Juan y la quebrada Las Lajas. No obstante el nuevo proyecto seguía sin corresponder con las necesidades y apuestas territoriales de la población de la zona de Reserva Campesina de Cabrera y de los campesinos y campesinas de los municipios directamente afectados.

No hay que dejar de mencionar que Emgesa-Enel no ha presentado oportunamente los documentos que sustentan dicho proyecto ni los estudios de impacto ambiental que exige la Ley, declarando falazmente ante medios de comunicación, su socialización con la comunidad y el respaldo por parte de esta. Y que además es la responsable del infame proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Esto sin contar con que los planes de Emgesa irían en contravía con lo que ellos han planeado construir desde que fueron decretados como Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el 2000. “Cabrera tiene una bitácora que es el Plan de Desarrollo Sostenible, donde las comunidades, de manera concertada, plasman para dónde quieren ir. El nuestro tiene unos ejes principales, entre ellos el ambiental, en el que no hay nada relacionado con la generación de energía”, afirma Paola Bolaños, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina y líder popular de la ZRC. Otro de los desafíos ambientales que tendría este proyecto está relacionado con los impactos de construir túneles en zonas frágiles.

Aunque con el modelo de las microcentrales se toma agua del río en un sitio para depositarla más adelante, lo que disminuye el impacto ambiental. Para Héctor Salazar, concejal del municipio de Cabrera, el hecho de estar tan cerca del páramo implica que el área es muy vulnerable a cualquier intervención: “Con el sistema de filo de agua del que habla Emgesa hay que desviar el cauce del río por unas tuberías para generar energía. Tememos que esto afecte el comportamiento del río o la misma temperatura de la zona”.

Y aunque Emgesa afirma que esta última reestructuración del proyecto se dio a finales del año pasado, a raíz de nuevos estudios que buscan ser más sostenibles en términos de recursos naturales, los cabrerunos manifiestan haber sido notificados de este cambio sólo diez días antes de la consulta. Sin embargo, este hecho que no los detuvo para realizar la consulta popular, pues temían que se tratara de una estrategia para entorpecer la convocatoria a votar en contra del proyecto.

Es tal la oposición a que dicho proyecto se lleve a cabo, que en el 2012 se reunieron centenares de personas en el municipio de Cabrera para asistir al “Foro en defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio”, donde declararon su negativa al desarrollo de este proyecto y discutieron las estrategias para consolidar la vocación agrícola y la cultura campesina de la población de esta región. Así mismo a comienzos del 2016 se realizó un Cabildo Abierto por iniciativa del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y las autoridades municipales, con el fin de manifestarle a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) su oposición a la construcción de dicha hidroeléctrica. A pesar de que el evento fue ampliamente difundido y su asistencia masiva, dichas autoridades estatales y regionales no se presentaron al evento.

Cabildo abierto por defensa del territorio en casco urbano de Cabrera. 2016. Fotografía: Lorena Cruz

Estos espacios de encuentro y deliberación, sumándose ahora la consulta popular realizada el pasado 26 de febrero, deja claro que ningún proyecto minero energético es bienvenido en este territorio consagrado a la economía campesina y la sostenibilidad ambiental, como bien ha sido consagrado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 y muchos otros documentos propios de la Zona de Reserva Campesina.

Como era de esperarse, el pasado 26 de febrero los campesinos y campesinas del municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca salieron a votar masivamente a la consulta popular y le dijeron a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?”. Fueron en total 1.506 votos de los cuales 1.465 fueron por el NO, 23 por el SÍ, 5 nulos y 13 no marcados.

Votaciones Consulta Popular Cabrera 26 de febrero de 2017

Este hecho histórico en el cual una ZRC mediante una consulta popular logra frenar la entrada de una multinacional para explotación de recursos hídricos logró consolidar una experiencia que hoy se empieza a replicar en la EcoRegión del Sumapaz. El municipio de Arbeláez y Pasca están en proceso de consulta para frenar la implementación de explotación petrolera e hídrica.  Este escenario de defensa del territorio plantea una necesidad urgente, la búsqueda de caminos jurídicos que permitan blindar las decisiones autónomas que han tomados las organizaciones campesinas para hacer un ordenamiento comunitario del territorio en defensa de la vida y la naturaleza. Pero dichos caminos deben ser cuidadosamente implementados pues sería nefasto no tener una correlación de fuerzas positiva en un escenario de consulta popular que terminara por validar la entrada del capital privado extranjero para ordenar las vocaciones productivas de una región que ha sido históricamente agraria y pecuaria.

Esto sumando al intento de deslegitimación, de una decisión popular, que ha intentado hacer el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energías para el caso de Cajamarca y su NO rotundo a la explotación minera de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti plantean varias preguntas para las organizaciones sociales y los defensores de la naturaleza ¿pueden estos mecanismos frenar la inversión minero energética en nuestros territorios? Más cuando están en trámite un par de consultas más frente a la exploración y extracción de petróleo y fracking. Las voluntades populares llevadas a las urnas en un ejercicio de democracia directa deben además ser refrendadas y apoyadas por los mandatarios locales; son los alcaldes los encargados de validar mediante decretos la voluntad de los votantes, es decir, que como mandatarios elegidos por un ejercicio de representatividad están en la obligación de poner su voluntad política en disposición de dichos mecanismos.

Frente a estos procesos de defensa territorial, la articulación regional de las experiencias organizativas campesinas e incluso de los sectores que no han estado organizados, es fundamental generar movimientos amplios por la defensa de la vida y la naturaleza y más en el escenario actual de posacuerdo en el cual las empresas multinacionales de explotación minero energética entrarán determinan una parte significativa de la inversión privada.

El derecho al consentimiento garantiza la permanencia en el territorio

“Los 40cm de profundidad que reconocen del territorio ni siquiera alcanza para que nos entierren.”

Eduardo Paki Kumimarima, Autoridad Tradicional del Pueblo Muinane.

Por Borojó, miembro honorario del Colectivo Agrario Abya Yala

Los derechos que protegen a los pueblos indígenas en Colombia existen porque ellos mismos los han luchado a través de vías de hecho y de una movilización activa. Las garantías que hoy tienen los grupos étnicos las han conseguido a pulso, aún después de haber buscado su exterminio desde 1492 por los colonizadores y de haber sido desarraigados de sus culturas, territorios e identidades. Los pueblos originarios que permanecen dignos en los territorios del Abya Yala, en este país llamado Colombia; han resistido 525 años de expoliación de sus territorios, de la explotación de sus vidas y han sufrido en los términos occidentales de la violación sistemática de los derechos que se han reconocido en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones sobre pueblos indígenas de la ONU y de las Américas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política por nombrar los más relevantes. Read more

Nuevos desplazamientos genera el proyecto Hidroituango en el Municipio de Toledo Antioquia

Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa. 
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en tramite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa.  Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona. 
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria  aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren  allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite  ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior. 

¡Aguas para la vida, no para la muerte!
¡El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza