#Boletín21 Procesos de resistencia de los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos ante el extractivismo y los megaproyectos en tiempos de COVID-19

 

 

Editorial Somos Abya Yala  Descarga el #boletin21

A lo largo del Abya Yala es conocido que durante los últimos cinco siglos los pueblos originarios y afrodescendientes han sido víctimas de una maquinaria de despojo y exterminio de las cosmovisiones y lo territorial. Con la llegada de la  pandemia del COVID-19, nuevamente nuestros pueblos se ven amenazados y se agudizan los problemas para los de abajo quienes este caso son  las comunidades.
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Panamá en deuda con las naciones indígenas Bribri y Naso Terj Dï

Por: Jonathan González Quiel

En lo que hoy conocemos como la república de Panamá, habitan 7 naciones indígenas: Guna Yala, Wounan, Embera, Ngäbe, Bugle, Bribri y Naso Terj Di;  que por siglos han resistido a la conquista y la colonización. En nuestra historia reciente estos pueblos han luchado por un reconocimiento y delimitación territorial que sigue costando sangre, sacrificio y jornadas permanente de movilización. Read more

Monocultivos en El Salvador y Resistencias de los Pueblos

Por David Pereira Rivera*

Históricamente la producción agrícola dominante en El Salvador está vinculada a las esferas del Poder, a intereses económicos y decisiones políticas trascendentales que se originan con la conquista española de nuestras tierras. Según notas sobre este tema, en el período precolombino los indígenas cultivaban mucho el cacao, que fue utilizado como medio de cambio y respetado como tal. Los españoles incrementaron su valor y su uso al convertirlo en un producto de exportación a Europa, reorganizaron la agricultura priorizando el cultivo del cacao para su propio beneficio, tal fue el caso que “[…] para el año 1574, la producción anual total de este cultivo ascendía a los 300,000 reales; once años después dicho valor se había incrementado a más de 500,000 reales” ¹. Unos 200 años después esta situación se transformó, producto de la expropiación de tierras de los indígenas, la guerra y exterminio de estos y las enfermedades traídas por los españoles, tuvo como consecuencia el agotamiento de la producción del cacao. 

El añil en El Salvador 

Según el historiador Erick Amaya, el cultivo del añil en El Salvador, tuvo una importancia tal que se puede considerar que fue el producto agrícola alrededor del cual giró fundamentalmente la economía durante cerca de más de trecientos años, que van desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX; su cultivo implicó el desalojo de las comunidades nativas que vivían en las tierras bajas. El Salvador se convirtió en el principal productor de añil en Centro América, pero las guerras, la piratería y el descubrimiento de los colorantes sintéticos provocaron el abandono de su producción, dando paso al cultivo del café que venía emergiendo.

Del añil al café y más despojo de tierras.    

En las últimas décadas del siglo XIX el añil perdió importancia económica dando paso al café. En 1874 las exportaciones de añil fueron menos del 50% de los totales, las exportaciones de café fueron el 35% y el 80% en 1892 y se inicia un proceso de despojo de tierras ejidales y comunales a las tribus originarias amparados en una ley llamada reforma liberal impulsada por el presidente Rafael Zaldívar. Esta apropiación descarada de tierras fue el principal origen de la desigualdad en El Salvador y se inicia la consolidación de la oligarquía. Las exportaciones de café llegaron a representar el 95%; el café fue el motor de la economía nacional durante muchos años, los principales compradores fueron Estados Unidos y Europa.2. Se aprobaron leyes que obligaban a la gente a trabajar en las fincas de café, en año escolar también fue adaptado para facilitar la participación de los jóvenes en la recolección. Esta abonanza entra en crisis profunda en la década de 1980 con la caída de precios en el mercado internacional, más las complicaciones de la guerra civil en El Salvador. Hoy se continúa cultivando café con poca incidencia en la economía nacional.

El cultivo de caña de azúcar.

En el año 2001 se aprueba la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador. 3. En base a esta ley el sector azucarero tiene control absoluto del mercado nacional, cuenta a su favor con el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), donde el sector privado tiene la mayoría de sus integrantes en una relación de 6 a 2.

El cultivo de caña de azúcar en El Salvador se practica desde hace siglos en pequeñas parcelas para su consumo, fue a mediados del siglo pasado que fue aumentado considerablemente la cantidad de tierra a su cultivo, hoy la producción es a gran escala industrial y se mantiene a nivel muy bajo entre pequeños campesinos artesanales que producen dulce y otros derivados.

La producción a gran escala de caña de azúcar está ejerciendo fuerte y creciente presión social que no tardará en estallar en un conflicto social generalizado hasta hoy expresado en manifestaciones locales por el uso de agua por los impactos en la salud, por el uso de la tierra, insatisfacciones que van madurando y gestando la construcción de un movimiento articulado a nivel nacional, principalmente por:

  • El desplazamiento de pequeños agricultores y campesinos que no se les reconoció el derecho de propiedad de la   tierra que cultivaban y hoy son jornaleros que viven en zonas marginales y vulnerables.  
  • Por el uso intensivo de agrotóxicos que contaminan la atmosfera, el suelo y el agua , afectando a la población rural y población urbana, particularmente a trabajadores de los cañales y pobladores cercanos aunque no sean trabajadores de la caña con graves enfermedades como  insuficiencia renal, enfermedades respiratorias  en adultos y niños sin ningún responsabilidad para el dueño del cañal que lo obliguen a dar asistencia médica. Si ya no puede trabajar por enfermedad adquirida simplemente es despedida o no contratada, hay comunidades como en la zona sur del municipio San Francisco Menéndez, en el sur occidente del país, donde a la persona que le diagnostican insuficiencia renal avanzada, da por sentado que se va morir y algunos hasta empiezan a preparar los gastos para su funeral, se conoce de casos dolorosos que cada vez son más comunes.
  • En la medida que los cultivos de caña aumentan, disminuyen las tierras para cultivar alimentos, aumentan los niveles de contaminación y hay sensible disminución de agua para los cultivos de las comunidades, los cañales usan las aguas superficiales y subterránea dejando a los agricultores sin el vital líquido para su siembra, sin que haya funcionario que haga cumplir la ley que los protege.
  •   La práctica de quemar el cañal también es causante de enfermedades respiratorias en las poblaciones locales, además de disminuir la biodiversidad y destrucción de ecosistema. El Ministerio De Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboró la Política Ambiental donde se establece la zafra verde que es cosechar sin quemar, pero nadie la adopta porque le resulta más económico y gananciosos quemar, justificándola con el invento de la “quema no programada “, que si es programada.

Hoy en el marco de la pandemia de COVID-19 que nos ha llevado a la población del planeta a sufrir encierro, escasez de alimentos, entre muchos otros padecimientos y descubrir cuan vulnerable somos, se reflexiona acerca de rescatar demandas que cobran vigencias con mucha más legitimidad y que sin duda fortalecerán un movimiento que se gesta en el seno de la sociedad. Comparto aquí de manera textual un resumen de ellas, elaborado colectivamente por diferentes líderes y lideresas de la resistencia a la producción cañera plasmados en investigación realizada por el economista Edgardo Mira.4. 

  1. La Asamblea Legislativa debe aprobar la Ley General de Aguas.
  2. En el corto y mediano plazo, la utilización de los agro químicos deben ser regulados y sometidos a un control exhaustivo, los considerados agro químicos letales y que han sido prohibidos en otros países deben prohibirse en El Salvador.
  3. Demandamos la Ley de Ordenamiento Territorial, avanzando en la zonificación de las áreas propicias para la producción agrícola, que debe estar con correspondencia a la calidad de los suelos y en relación con la población que vive en la zona de producción. 
  4. Fondos del Estado no deberán ser utilizados para la compra de los agroquímicos, deberán ser orientados a estimular actividades agropecuarias con prácticas agroecológicas  
  5. El agua a utilizarse en las actividades agrícolas sea superficiales o subterránea debe ser rigorosamente controlada adoptando medidas para evitar su contaminación
  6. La quema de los cañales debe de ser erradicada de la forma de producir en el país 
  7. La revisión de la legislación vigente sobre la agroindustria azucarera y políticas públicas ambientales 
  8. Organización, articulación y acción social y política por un nuevo modelo de producción agrícola.

1 y 2. Browning, David. “El Salvador, La Tierra y el hombre”. Cuarta edición, Dirección de Publicaciones e Impresos CONCULTURA, San Salvador, El Salvador. 1998

3 – Decreto Legislativo Nº: 490 Fecha:26/07/2001 D. Oficial: 153 Tomo: 352 Publicación DO: 17/08/2001.

4 – AGROINDUSTRIA DEL AZUCAR: Un análisis de sus efectos económicos, sociales y ambientales en El Salvador. Edgardo Mira. Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM.

*  Movimiento Nuevo País. (MNP) y Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) 

Defensores de territorios y la vida en peligro mortal

Por Pablo Ruiz, SOAWatch*

El 2012 participé en la “Conferencia Intercontinental por la Paz, el desarme y Alternativa sociales ante la OTAN Global” en Buenos Aires, Argentina, y recuerdo que en este encuentro Dario Azzellini, hoy en EEUU, hizo una exposición interesante de la privatización de los “conflictos” y que pueden leer en su libro liberado El negocio de la guerra (1). 

Años antes, la Revista “Nómada”, de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, lo había entrevistado para conocer más sobre las Compañías Militares Privadas (CMPs). Dos preguntas y sus respuestas son interesantes para compartir:

-¿Podría explicar brevemente la participación de las CMPs en Colombia? ¿Hay 160 mil empleados? ¿Qué papel cumple allí el ejército estadounidense?

-Hay diferencias. Las CMPs activas allí son unas 20 con cerca de 2.000 empleados. Los 160 mil son los colombianos que se desempeñan en empresas de seguridad. Respecto a paramilitares, había 13 mil antes de la supuesta desmovilización. Del ejército de Estados Unidos, hay una estimación oficial de unos 400 militares en Colombia. Pero creo que son alrededor de 2.000.

-Usted dice que Colombia es el laboratorio de las guerras privadas, ¿en su apreciación tiene que ver el petróleo?

-Sí, desde hace más de 20 años. Políticos, ejército, policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la agencia antidrogas norteamericana DEA, compañías transnacionales y CMPs, forman constelaciones cambiantes para imponer intereses contra organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los movimientos insurgentes armados. 

La entrevista a Azzellini es de diciembre de 2007 pero los “actores” del guión siguen siendo los mismos en Colombia y en muchos lugares. Es importante también decir que las “empresas de seguridad” que cuidan a las grandes empresas, forestales, bancos, están conformadas muchas veces por ex militares o ex policías y, seguramente, también por matones y sicarios dispuestos a hacer el trabajo sucio.

El ejemplo más brutal es el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en Honduras. En esta triste historia está involucrada la empresa hidroeléctrica DESA, su personal de “seguridad” y sicarios que dispararon a nombre de los primeros. 

“Entre los condenados, está Douglas Bustillo -un graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y ex jefe de seguridad de la empresa de represas hidroeléctricas DESA- como también su compañero, graduado de SOA, el Mayor Mariano Díaz” (3). Ambos con entrenamiento en Estados Unidos.

También decir que los que siguen siendo reprimidos o asesinados – ya sea por militares, paramilitares, sicarios, narcotraficantes, policías, y empresas de seguridad privadas – siguen siendo los mismos: jóvenes, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales. 

Colombia no deja de doler.  De acuerdo a INDEPAZ,entre el 1 de enero y el 17 de julio, de este año, han si sido asesinados en Colombia 166 defensores o defensoras de derechos humanos; 7 familiares de estos; y 36 ex combatientes firmantes de los Acuerdos de Paz.

La guerra, la “inseguridad”, es un buen negocio y los que saben de negocios no quieren que esto acabe.

Cuando escribo esta líneas, miro el Twitter de CONPAZ, una organización colombiana, y salen fotos de una “marcha realizada en solidaridad con la familia de Anderson Arboleda asesinado por la policía” en el Cauca. Más abajo: “Asesinan a Leidy Viviana Trompeta guardia indígena del cabildo Nasa Kuesh Kiwe”.  Qué más decir: Colombia, tan bella y tan terrible.

Leidy Viviana Trompeta guardia indígena del cabildo Nasa Kuesh Kiwe

La privatización de la represión

Siempre hemos sabido, por la dura realidad de la vida, lo que podemos esperar del ejército, de la policía, en nuestros países, como de la “cooperación” que da Estados Unidos, ya sea por la razón o la fuerza, ya sea apoyando gobiernos corruptos o surgidos desde golpes de Estado (como en Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia), ya sea apoyando “democracias” a su medida. (Como en Colombia, Chile, y Ecuador). 

Si bien a comienzos de los años noventa, en la gran mayoría de los países de América Latina, se habían terminado las dictaduras o se habían firmados acuerdos de paz, ha seguido, en menor intensidad, la represión y los crímenes contra los pueblos indígenas y movimientos sociales con excepción de Colombia (en un conflicto interno desde hace más de 50 años) y de México, que en las dos últimas décadas, a consecuencia de la “lucha contra las drogas” y la narcotización de la política tradicional, han asesinado a miles de personas. Los “años de guerra” han dejado al menos 213.000 muertos de acuerdo a la académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser. Las cifras pueden ser superiores todavía más.

Estudiantes de Ayotzinapa Presentes. Foto: Milenio.com

Si antes lo “normal”, en dictadura o guerras internas, era ser asesinado por la policía o por los militares lo “nuevo”, en las últimas décadas, es la privatización del crimen, la tercerización de los asesinatos, el sicariato, el paramilitarismo, más allá de Colombia. Y, obviamente, resulta conveniente para los dueños del poder, esconder la mano del Estado; la mano de las oligarquías, que en la historia, muchas veces, han apelado a las “fuerzas del orden” por lo cual son responsables intelectuales de tantos crímenes contra las y los trabajadores como del despojo, por la fuerza, el engaño, las amenazas, de los territorios de campesinos y de nuestros primeros habitantes, los pueblos indígenas.

La privatización del crimen y la represión, significa simplemente que el Estado quiere esconder su mano. Son pragmáticos, saben que informes negativos sobre derechos humanos afectan la “imagen país” y eso perjudica los negocios. Si los crímenes, aparentemente, “los cometen otros”, como paramilitares, sicarios, delincuentes comunes, matones, guardias, “no es el Estado”. Esos crímenes los intentan pasar como delitos comunes, como asaltos, crímenes pasionales, accidente vehicular, venganzas, etc.

El Estado, la oligarquía, sus empresas, la ideología dominante, que ellos promueven, están detrás y son responsables – por acción o por omisión, por la criminalización que hacen de las protestas sociales – de muchos de los crímenes que se siguen cometiendo, y, aunque intenten esconder su mano, no debemos olvidar que el Estado es responsable  porque está obligado, por los diferentes tratados y la Ley Internacional de los Derechos Humanos, a velar y garantizar el elemental derecho que tenemos a vivir y no ser violentados.

Recuerdo a Máxima Acuña, lideresa campesina en Cajamarca, Perú, que fue agredida el 2015 y 2016 por guardias de una empresa minera (5) y que “matones a sueldo, contratados por grandes hacendados y ganaderos, expulsan a los indígenas de sus tierras comunales y de sus zonas de caza y pesca” e incluso “los incendios intencionados, no sólo en Mato Grosso, se han convertido en una herramienta eficaz en manos de los latifundistas para expulsar a los indígenas” en Brasil (6). 

En este territorio que habito hay 9 presos políticos mapuche en huelga de hambre, entre ellos el machi Celestino Córdova. Y siguen asesinado, deteniendo y hostigando a las comunidades mapuche en Chile. 

El 06 de junio fue asesinado Alejandro Treuquil, werkén de la comunidad We Newen de Collipulli, por “individuos ajenos a la comunidad”- Decir que esta comunidad reivindican tierras en disputa con la empresa Forestal Arauco.

Semanas antes, el werkén había denunciado el hostigamiento que sufría su comunidad por parte de la policía. En Radio Universidad de Chile, Treuquil afirmó que los uniformados, a través de altoparlantes, los habían insultado y amenazado con frases como “indios culiaos ya van a caer uno por uno” y “los vamos a matar hijos de la perra” (7).

También, hace pocos días atrás, Festivales Solidarios, compartió la triste noticia que fueron asesinados, en Guatemala, “los  defensores de Derechos Humanos y del territorio, de los recursos naturales, y de la vida, Ajq’ij y Ajilonel Maya Q’eqchi’, Domingo Choc Ché y Alberto Cucul”. 

Un informe de Global Witness, de julio de 2019, documentó que 16 personas, defensoras del ambiente y territorio fueron asesinadas en Guatemala durante el 2018 y a nivel mundial “fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, por defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio”(8).

Un informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó 494 agresiones registradas en 2019: 15 asesinatos, 255 actos de difamación, 34 denuncias sin fundamento, 23 detenciones ilegales, cuatro detenciones arbitrarias, cinco secuestros, 13 actos de tortura y 46 intimidaciones. De estas, 111 fueron agresiones a personas de los pueblos indígenas y defensores del territorio (9).

Asesinatos, criminalización, represión, y el encarcelamiento de líderes sociales, indígenas, defensores de los territorios y del agua, suceden a lo largo de nuestra Abya Yala, en América Latina. Y si hablamos de presos políticos hay en Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador.

La impunidad, otro enemigo

La impunidad es otro enemigo que alienta a que se sigan cometiendo crímenes en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Chile, por nombrar algunos países donde continúan los asesinatos a líderes sociales, campesinos e indígenas.

Son miles los casos de impunidad que existen, en toda nuestra Abya Yala, pero quiero recordar la “Masacre de Curuguaty”, en Paraguay, ya que se cumplieron ocho años, ya que también, a medida que pasa el tiempo, va entrando en el olvido. Ocurrió el 15 de junio de 2012. Ese día, un grupo de campesinos tenía tomado un terreno público, reivindicando el derecho a la tierra, por lo cual se produjo un desalojo, donde participaron unos 300 policías; el resultado fue fatal: once campesinos y seis policías murieron en Curuguaty. También once campesinos fueron detenidos y encarcelados. Se acusó a los campesinos de haber disparado a la policía y ser los responsables de la masacre. 

Uno de los abogados, defensores de los campesinos, Amelio Sisco, sostuvo que la policía había planeado con antelación la muerte de campesinos (10). Yo creo que esto es muy posible por lo que diré más adelante.

También, en los alegatos, el abogado defensor Luis Lezcano Claude, dijo que el Ministerio Público tenía el deber de la “objetividad” para “determinar los verdaderos responsables de un hecho punible y no “fabricar” a cualquier costo los supuestos culpables para de este modo cerrar el caso, como se pretende en el presente juicio” (11).

En julio de 2016, se condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 campesinos acusados. La masacre tuvo consecuencias más graves: el Congreso realizó un Impeachment, un juicio exprés, contra el presidente Fernando Lugo, responsabilizándolo por la masacre y destituyéndolo. Para muchos esto fue un golpe de Estado.

Una investigación de CIPER, posterior a estos hechos, señaló que Paulino Rojas, quien dio “la orden de desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty y a la deposición de Lugo”, trabajó cerca de la USAID, en el programa Umbral, que donó dos millones de dólares en equipamiento a la policía: “Rojas -señala la investigación- también había recibido entrenamiento por el FBI en un curso en Virginia en 1998” (12). Es muy posible, en la trama de los golpes de Estado, que estén las manos de Estados Unidos detrás de estos hechos.

El 27 de julio de 2018, la Justicia paraguaya anuló la condena a los 11 campesinos “acusados de haber provocado la matanza” y fueron liberados luego de pasar seis años en la cárcel. 

“¿Qué pasó en Curuguaty? Todavía no tiene respuesta y la muerte de esas 17 personas todavía no fueron aclaradas”, me dice Alvino Villalba de la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia de Paraguay. 

Referencias

(1) El negocio de la guerra, en PDF en 

http://www.azzellini.net/node/1532

(2) Mercenarios y nuevas guerras , entrevista a Dario Azzellini

https://www.azzellini.net/node/2224

(3) Comunicado de SOAW: Honduras: Autores materiales fueron condenados pero la impunidad continúa para quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres

https://soaw.org/honduras-autores-materiales-fueron-condenados-pero-la-impunidad-continua-para-quienes-ordenaron-el-asesinato-de-berta-caceres/

(4) Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020

http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

(5) Guardias de empresa minera agreden a Máxima Acuña, dirigenta campesina en Cajamarca, Perú

https://resumen.cl/articulos/guardias-empresa-minera-agreden-maxima-acuna-dirigenta-campesina-cajamarca-peru

(6) El silenciado genocidio de los guaraníes

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191120/471450656734/guaranies-brasil-mato-grosso.html

(7) Comunero mapuche que murió baleado había denunciado violencia y amenazas de Carabineros

https://radio.uchile.cl/2020/06/06/comunero-mapuche-que-murio-baleado-habia-denunciado-violencia-y-amenazas-de-carabineros/

(8) Enfoque en la Criminalización de Activistas de la Tierra y el Medio Ambiente. https://www.globalwitness.org/en/press-releases/enfoque-en-la-criminalizaci%C3%B3n-de-activistas-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/

 (9) Más de 600 líderes sociales agredidos en Guatemala desde 2019

https://www.telesurtv.net/news/guatemala-agresiones-defesores-ddhh-ultimo-ano-20200521-0002.html

(10) Policías planearon matanza de campesinos en 2012 en Paraguay, afirma defensa

https://www.lavanguardia.com/vida/20160624/402737024653/policias-planearon-matanza-de-campesinos-en-2012-en-paraguay-afirma-defensa.html

(11) “Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral 

https://luislezcanoclaude.wordpress.com/2016/07/09/masacre-de-curuguaty-alegatos-presentados-en-el-juicio-oral/

(12) Las claves de la destitución de Lugo en Paraguay: Los EEUU y el Impeachment

https://ciperchile.cl/2013/02/14/las-claves-de-la-destitucion-de-lugo-en-paraguay-los-eeuu-y-el-impeachment/

* Pablo Ruiz es del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, SOAWatch, y también parte de la Plataforma Somos Abya Yala, Somos una América.

La lucha contra los megaproyectos en el sur – sureste mexicano.

Raúl Romero*

El 31 de mayo de 2020, justo cuando en México comenzamos a entrar a los días con mayor número personas fallecidas y contagiadas de coronavirus, llegó el fin de la “emergencia sanitaria” y comenzó la “nueva normalidad”, estrategia adoptada por el gobierno federal para el reinicio de actividades no esenciales. La sensación era de incertidumbre, mientras desde las áreas de salud el gobierno federal insistía en que mantuviéramos el confinamiento y el distanciamiento social, tanto el presidente de México -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- como grupos empresariales, insistían en la urgencia de reactivar la economía y romper el encierro. La incertidumbre, pues, era resultado de lo contradictorio de los mensajes.

Así, el 1 de junio, el primer día de la “nueva normalidad”, AMLO reinició sus giras por el país y acudió a dar el banderazo a una de sus obras emblemáticas, el megaproyecto “Tren Maya”. Unos días después, el 7 de junio, AMLO también acudió a dar el banderazo a su otra obra emblemática: el Corredor Multimodal Interoceánico. Ambos megaproyectos son considerados como prioritarios para el actual gobierno, lo que les ha generado críticas desde las organizaciones y pueblos originarios y también desde el ambientalismo crítico, ambas ubicadas en el campo del anticapitalismo. Desde luego, algunas organizaciones del “ambientalismo neoliberal” o del “capitalismo verde” han aprovechado las tensiones para presentarse en la discusión y, aunque su poderío es significativo, en realidad las bases argumentativas de su oposición no son para nada convergentes con las de las organizaciones de las izquierdas anticapitalistas. 

Un megaproyecto es un proyecto hecho de otros proyectos, cada uno con sus propias afectaciones. En el caso del Tren “Maya”, por ejemplo, no sólo se trata de “un tren” o de la “rehabilitación de las vías”, cómo insistentemente señalan voceros y seguidores de la actual administración. El proyecto en su conjunto implica, por una parte, la construcción de nuevos centros urbanos, con sus carreteras, desarrollos inmobiliarios, complejos hoteleros, centros comerciales, restaurantes y todo lo necesario para las grandes masas de turistas que se esperan, y también para trabajadores precarizados, nacionales y migrantes. Por otra parte, el tren también significa la oportunidad para que la industria local se consolide y crezca o para que nuevas industrias y servicios sean requeridos: granjas de cerdos, cerveceras, minería, parques eólicos y fotovoltaicos, cultivo de palma o soja, servicios de transporte, de alimentación, de limpieza, etc.

Cada uno de estos proyectos afecta ya y lo hará más, de manera distinta y con intensidades diversas, a los pueblos y sus territorios en la región. Algunos de los efectos observables y posibles son: despojo y privatización de tierras, reducción y extinción de flora y fauna, reducción de las poblaciones de abejas, contaminación de agua y aire, contaminación por nitratos de suelos y aguas subterráneas, contaminación de cenotes, “proletarización” de pueblos originarios y sectores campesinos, surgimiento de nuevas masas de personas con trabajos precarios, urbanización salvaje, ruptura del tejido social y lazos comunitarios, incremento de negocios criminales como narcotráfico, trata de mujeres y niñas, pornografía… 

El megaproyecto en su conjunto, a mediano y largo plazo, se vislumbra devastador en todos los aspectos: los daños ambientales, culturales y sociales son incalculables; mientras que las riquezas económicas que se generen, desde ahora parecen concentrarse ya en las manos de siempre: Mota Engil, Operadora Cicsa, Grupo Ica, Gami Ingeniería e Instalaciones, etc. 

Algo similar sucede con el megaproyecto conocido como Corredor Multimodal Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Repitiendo la estrategia de “verdades a medias”, se argumenta que sólo se trata de la rehabilitación de las vías del ferrocarril ya existentes y poca información se difunde sobre las carreteras, puertos, aeropuerto, gasoducto, desarrollos inmobiliarios y otros proyectos contemplados en todo el megaproyecto. Las afectaciones a la población local, incluyendo flora y fauna, también son diversas y de gran impacto, como bien se ha analizado en el primer número la revista de crítica ambiental “Metabólica” (https://bit.ly/2zLbTWE). 

Además, en el caso del corredor interoceánico existe otra amenaza grave: se trata de un proyecto clave en la hegemonía hemisférica de EUA, pues une por tierra en apenas 300 kilómetros, al océano pacifico con el atlántico, lo que da la posibilidad de abrir nuevas vías comerciales y militares rumbo Asia y Europa. Además, se trata de un proyecto que refuerza la influencia estadounidense en el centro y sur de América. 

Los antecedentes históricos sobre el interés de EUA en el corredor interoceánico son varios, pero los más relevantes para la historia actual son el Tratado de la Mesilla, con el cual Antonio López de Santa vende una parte importante del territorio nacional a EUA y además se compromete a “la pronta construcción de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec”. Desde luego destaca también el tristemente célebre Tratado McLeane – Ocampo, con el que Juárez, ante posibles amenazas de invasión y frente a las consecuencias de una guerra interna, cedió a EUA en “perpetuidad” el derecho de vía por el Istmo.  Afortunadamente para México, este último tratado no llegó a entrar en vigor. 

A lo anterior hay que sumar los otros proyectos estratégicos de la actual administración, los propios y también los del pasado, adoptados con beneplácito: el Proyecto Integral Morelos y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas, por mencionar algunos. Visto en su conjunto y en sus interacciones, todos estos proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura, intentan imponer la modernidad capitalista desde abajo y materializarían el ideal neoliberal de la integración norteamericana, aquello que no hace mucho se llamaba Plan Puebla Panamá y que hoy conocemos como Proyecto Mesoamérica.

El sur – sureste mexicano, con sus grandes cantidades de agua dulce, sus reservas de petróleo, sus recursos naturales y su mano de obra, está en disputa. Hasta ahora son principalmente los pueblos originarios quienes defienden sus territorios. Pero en varias ocasiones han insistido en que no se trata de una lucha que sólo corresponde a ellos y ellas. Tienen razón: la lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo de Estados y corporaciones, las luchas por la defensa de la vida en contra del capitalismo y sus proyectos de muerte, y también las luchas por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios convergen en este momento. Es hora de volver a defender lo nuestro.

*Sociólogo @cancerbero_mx

Imagen: mujeresylasextaorg.com

Programa Radial “A Desalambrar” 20 de Mayo 2020

Temas: Pandemia, Pueblos Originarios, Extractivismo, Luchas y Solidaridades eI Homenaje a Victoriano Lorenzo y Oscar Chávez / Conduce: “Achiote”, Colombia, Colectivo Agrario Abya Yala
Edición: Pablo Ruiz, SOAWatch /

En este programa reportes desde Colombia, Chile (Pueblo Mapuche), Brasil, Guatemala, Panamá, México, Honduras y EEUU Escuchar  en Youtube  y en Spotify  Read more

La Pandemia en el Mundo se Resuelve con Solidaridad

A comienzos de mayo, se realizó el conversatorio virtual “Pandemia, Migración y Solidaridades” organizado por la “Plataforma Somos Abya Yala-Somos Una América” y moderado por Sneither Cifuentes. Tres voces, tres mujeres, pudieron compartir su análisis, su lucha, sus esperanzas en medio de este contexto de pandemia, de injusticia, y al mismo tiempo de solidaridad entre los pueblos. Read more

La Migración Forzada y el Desplazamiento Forzado Interno: Traspasando Fronteras en nuestra Abya Yala

ESP – Queridos camaradas
Sigue una invitación para ver los artículos e informes que se publicaron en nuestro Boletín # 20 – “La Migración Forzada y el Desplazamiento Forzado Interno: Traspasando Fronteras en nuestra Abya Yala”. Te invitamos a leer y agradecer la colaboración de todos los que contribuyeron. Pronto abriremos una convocatoria para nuestra próxima edición.

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