Costa Rica: Violencia sistemática contra pueblos indígenas

El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena de Costa Rica envió, en junio pasado, un informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, para informarle de la situación grave que están viviendo, en el actual contexto de COVID-19, los pueblos indígenas:

“La posición del Gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada asegura que están trabajando  al lado de los Derechos de los Pueblos indígenas, pero desde los testimonios que ofrecen los mismos  recuperadores, y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, avalado por el trabajo que se realiza desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, la situación es de desamparo y de violencia sistemática, que es sostenida por usurpadores, terratenientes, comerciantes, autoridades civiles, judiciales y religiosas….”, señalan.

Compartimos parte de este informe:

“El  24 de febrero del 2020 ante el incremento de actos delictivos, en el sur de Costa Rica, provincia de Puntarenas, en medio de un clima de hostilidad y violencia sistemática  hacia las y los recuperadores de tierras en el Territorio de Térraba,  que al igual que el territorio de Salitre,  cuentan con las  medidas cautelares establecidas por la CIDH desde el año  2015, ( MC 321- 12 – 2015), se llegó nuevamente a la máxima expresión de la violencia al arrebatarle la vida al líder y defensor de los derechos indígenas, Jhery Rivera Rivera, brorán, del Territorio de Térraba, a menos de un mes de cumplirse el primer aniversario de otro asesinato impune y vergonzoso para Costa Rica, el del líder y defensor de derechos humanos Sergio Rojas Ortiz, Bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas –FRENAPI-.

El asesinato de Jhery Rivera, junto a una serie de actos amenazantes contra las personas recuperadoras, (como el ataque de bala a Mainor Ortiz Delgado en Río Azul de Salitre),   marcó el inicio del año 2020 con la brutalidad de la violencia y el irrespeto a todos los derechos indígenas consignados en la Ley Indígena 6172 de 1977 y C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.

Este panorama, ya frente a la  pandemia por la COVID -19, se presenta azuzado por un clima de racismo y violencia que, desde medios de comunicación masiva, se encargaron de divulgar mediante una  ¨campaña¨ que consideramos denigra y atropella a los Pueblos indígenas en Costa Rica, como lo denunció el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, en su Comunicado del  9 de marzo del 2020.

Todo esto ocurre  en  momentos  en que se da a conocer la presencia del  primer caso COVID-19 en el país, el  día  6 de marzo, y cuando  el país venía preparándose para entrar en la cuarentena.

El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena informa que al día de hoy hay 46 recuperaciones en Territorio de Salitre, las cuales son apoyadas por el Consejo de Autoridades propias  Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsó Iriria AjKónuk Wapka).

La Asociación de Desarrollo de Salitre (ADI), órgano impuesto por el Estado a los Territorios indígenas,  no vela por las familias recuperantes, ni apoya las recuperaciones, según nos informa Mariana Delgado, recuperadora bribri de Río Azul  de Salitre, con quien conversamos el 16 de junio del año en curso.

Las ayudas de alimentos que el gobierno ha entregado no  llegan a los recuperantes  de fincas en Territorio de Salitre. Por otra parte, los No Indígenas continúan entrando en carros 4 por 4 al Territorio,  metiendo ganando en  las fincas  en recuperación. Continúan asimismo las intimidaciones y amenazas y, a pesar de que han puesto las denuncias contra estos hechos,  no hay  una verdadera respuesta de parte de las instituciones públicas del Estado.

Durante estos  meses de la pandemia, la policía escasamente sube a las fincas recuperadas, diciendo que no tiene carros aptos para los malos caminos. Por lo cual, y a pesar de contar con las Medidas Cautelares,  la personas indígenas recuperantes no se sienten protegidas.

Reportan recuperantes bribris que sufren de discriminación por racismo y violencia institucional, al menos una vez al mes de manos de los funcionarios de las diversas dependencias del Estado y de las personas No Indígenas,  usurpadoras de  su tierra, que al día de hoy  no han  sido desalojadas por parte del Estado costarricense como es su obligación” .

Mariana Delgado dice “mientras el gobierno no ejecute los desalojos, y proceda a un verdadero saneamiento territorial  las  amenazas continúan de forma constante, y a menudo a diario””.

 

Articulo pulbicado en

http://somosunaamerica.org/2020/08/03/boletin21-procesos-de-resistencia-de-los-pueblos-originarios-afrodescendientes-y-campesinos-ante-el-extractivismo-y-los-megaproyectos-en-tiempos-de-covid-19/

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