La lucha contra los megaproyectos en el sur – sureste mexicano.

Raúl Romero*

El 31 de mayo de 2020, justo cuando en México comenzamos a entrar a los días con mayor número personas fallecidas y contagiadas de coronavirus, llegó el fin de la “emergencia sanitaria” y comenzó la “nueva normalidad”, estrategia adoptada por el gobierno federal para el reinicio de actividades no esenciales. La sensación era de incertidumbre, mientras desde las áreas de salud el gobierno federal insistía en que mantuviéramos el confinamiento y el distanciamiento social, tanto el presidente de México -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- como grupos empresariales, insistían en la urgencia de reactivar la economía y romper el encierro. La incertidumbre, pues, era resultado de lo contradictorio de los mensajes.

Así, el 1 de junio, el primer día de la “nueva normalidad”, AMLO reinició sus giras por el país y acudió a dar el banderazo a una de sus obras emblemáticas, el megaproyecto “Tren Maya”. Unos días después, el 7 de junio, AMLO también acudió a dar el banderazo a su otra obra emblemática: el Corredor Multimodal Interoceánico. Ambos megaproyectos son considerados como prioritarios para el actual gobierno, lo que les ha generado críticas desde las organizaciones y pueblos originarios y también desde el ambientalismo crítico, ambas ubicadas en el campo del anticapitalismo. Desde luego, algunas organizaciones del “ambientalismo neoliberal” o del “capitalismo verde” han aprovechado las tensiones para presentarse en la discusión y, aunque su poderío es significativo, en realidad las bases argumentativas de su oposición no son para nada convergentes con las de las organizaciones de las izquierdas anticapitalistas. 

Un megaproyecto es un proyecto hecho de otros proyectos, cada uno con sus propias afectaciones. En el caso del Tren “Maya”, por ejemplo, no sólo se trata de “un tren” o de la “rehabilitación de las vías”, cómo insistentemente señalan voceros y seguidores de la actual administración. El proyecto en su conjunto implica, por una parte, la construcción de nuevos centros urbanos, con sus carreteras, desarrollos inmobiliarios, complejos hoteleros, centros comerciales, restaurantes y todo lo necesario para las grandes masas de turistas que se esperan, y también para trabajadores precarizados, nacionales y migrantes. Por otra parte, el tren también significa la oportunidad para que la industria local se consolide y crezca o para que nuevas industrias y servicios sean requeridos: granjas de cerdos, cerveceras, minería, parques eólicos y fotovoltaicos, cultivo de palma o soja, servicios de transporte, de alimentación, de limpieza, etc.

Cada uno de estos proyectos afecta ya y lo hará más, de manera distinta y con intensidades diversas, a los pueblos y sus territorios en la región. Algunos de los efectos observables y posibles son: despojo y privatización de tierras, reducción y extinción de flora y fauna, reducción de las poblaciones de abejas, contaminación de agua y aire, contaminación por nitratos de suelos y aguas subterráneas, contaminación de cenotes, “proletarización” de pueblos originarios y sectores campesinos, surgimiento de nuevas masas de personas con trabajos precarios, urbanización salvaje, ruptura del tejido social y lazos comunitarios, incremento de negocios criminales como narcotráfico, trata de mujeres y niñas, pornografía… 

El megaproyecto en su conjunto, a mediano y largo plazo, se vislumbra devastador en todos los aspectos: los daños ambientales, culturales y sociales son incalculables; mientras que las riquezas económicas que se generen, desde ahora parecen concentrarse ya en las manos de siempre: Mota Engil, Operadora Cicsa, Grupo Ica, Gami Ingeniería e Instalaciones, etc. 

Algo similar sucede con el megaproyecto conocido como Corredor Multimodal Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Repitiendo la estrategia de “verdades a medias”, se argumenta que sólo se trata de la rehabilitación de las vías del ferrocarril ya existentes y poca información se difunde sobre las carreteras, puertos, aeropuerto, gasoducto, desarrollos inmobiliarios y otros proyectos contemplados en todo el megaproyecto. Las afectaciones a la población local, incluyendo flora y fauna, también son diversas y de gran impacto, como bien se ha analizado en el primer número la revista de crítica ambiental “Metabólica” (https://bit.ly/2zLbTWE). 

Además, en el caso del corredor interoceánico existe otra amenaza grave: se trata de un proyecto clave en la hegemonía hemisférica de EUA, pues une por tierra en apenas 300 kilómetros, al océano pacifico con el atlántico, lo que da la posibilidad de abrir nuevas vías comerciales y militares rumbo Asia y Europa. Además, se trata de un proyecto que refuerza la influencia estadounidense en el centro y sur de América. 

Los antecedentes históricos sobre el interés de EUA en el corredor interoceánico son varios, pero los más relevantes para la historia actual son el Tratado de la Mesilla, con el cual Antonio López de Santa vende una parte importante del territorio nacional a EUA y además se compromete a “la pronta construcción de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec”. Desde luego destaca también el tristemente célebre Tratado McLeane – Ocampo, con el que Juárez, ante posibles amenazas de invasión y frente a las consecuencias de una guerra interna, cedió a EUA en “perpetuidad” el derecho de vía por el Istmo.  Afortunadamente para México, este último tratado no llegó a entrar en vigor. 

A lo anterior hay que sumar los otros proyectos estratégicos de la actual administración, los propios y también los del pasado, adoptados con beneplácito: el Proyecto Integral Morelos y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas, por mencionar algunos. Visto en su conjunto y en sus interacciones, todos estos proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura, intentan imponer la modernidad capitalista desde abajo y materializarían el ideal neoliberal de la integración norteamericana, aquello que no hace mucho se llamaba Plan Puebla Panamá y que hoy conocemos como Proyecto Mesoamérica.

El sur – sureste mexicano, con sus grandes cantidades de agua dulce, sus reservas de petróleo, sus recursos naturales y su mano de obra, está en disputa. Hasta ahora son principalmente los pueblos originarios quienes defienden sus territorios. Pero en varias ocasiones han insistido en que no se trata de una lucha que sólo corresponde a ellos y ellas. Tienen razón: la lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo de Estados y corporaciones, las luchas por la defensa de la vida en contra del capitalismo y sus proyectos de muerte, y también las luchas por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios convergen en este momento. Es hora de volver a defender lo nuestro.

*Sociólogo @cancerbero_mx

Imagen: mujeresylasextaorg.com

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